La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra los exconsellers de la Generalitat Meritxell Serret y Antonio Comín, quienes permanecen en Bélgica junto con el expresidente Carles Puigdemont, y explica que se les persigue, no por defender sus ideas, sino por participar «decisivamente» en la celebración de un referéndum para la escisión de Cataluña.
La juez rechaza el recurso interpuesto por la defensa de los dos exconsellers contra el auto del pasado 3 de noviembre por el cual dictaba las órdenes de detención contra los cinco exmiembros del Gobierno catalán que no acudieron a declarar como investigados por su implicación en el proceso independentista y les recuerda que no pueden declarar por videoconferencia.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 mantiene también su decisión de no permitir a su letrado personarse en las actuaciones porque los investigados se sustrajeron de la acción de la justicia, según explica en su auto. Precisa que no se ha ordenado la detención de Comín y Serret por defender la independencia de Catalunya sino por tratar de cambiar al margen de las vías legales la forma de gobierno «para lograr en España la secesión de Cataluña y su constitución en República Independiente».
La defensa de los dos exconsellers alegó en su recurso contra el auto del pasado 3 de noviembre vulneración del derecho al juez imparcial por haber emitido la OEDE por más delitos de los que se investigaban en un primer momento. Lamela, que añadió prevaricación y desobediencia a los tres delitos iniciales de rebelión, sedición y malversación, les responde que la Fiscalía en su querella se refería a los cinco tipos delictivos que se recogieron en las órdenes de detención libradas a las autoridades belgas.
Lamela ha negado así que exista una «persecución política» a los miembros del Govern cesado e investigados por rebelión, tal y como afirmaba la defensa de los exconsellers huidos.