El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena considera que las que las movilizaciones independentistas contenían un «violento germen» que amenazaba «con expandirse» y que los promotores de la independencia pretendían exhibirlas «como espoleta de explosión social» para lograr la secesión.
En el auto en el que acuerda prisión eludible con fianza para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y libertad con fianza para los miembros de la Mesa de JxS, Llarena sostiene que «no está carente de fundamento» la tesis de la Fiscalía de que, para lograr la independencia, los promotores «podrían haberse servido de esos puntuales focos violentos, y de una movilización decidida y pacífica mucho mayor».
De esa forma, en opinión del juez, los impulsores del proceso independentista pretendían «exhibir los movimientos populares como la espoleta de una explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines».
Sin descartar que los hechos puedan incluirse en el delito de sedición -que acarrea la mitad de años de prisión que el de rebelión-, Llarena recuerda que la «interna y personal renuncia a la violencia» de los miles de ciudadanos que apoyaron el referéndum no excluye «la responsabilidad de quienes se sirven del alzamiento y se aprovechan de la sugerencia razonable de que la violencia puede ser ejercida de manera incontrolable».
Para Llarena, aunque es evidente que «el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron», lo que demuestran los «limitados efectos dañinos», la querella de la Fiscalía «destaca los numerosos vestigios que existen de que se infiltraron muchos comportamientos agresivos».
Entre esos comportamientos, que suponen una «clara y plural expresión de violencia», el juez cita la ocupación «organizada» de las calles por tractores, el asedio a edificios del Estado, el «aislamiento» a agentes o comitivas judiciales, los cortes de carreteras y las «barricadas de fuego».
Para el juez, también son expresiones violentas las «murallas humanas que defendían de forma activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, o forzando a éstos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo».
El magistrado mantiene que, desde un principio, existió «una hoja de ruta convenida entre los responsables autonómicos, los responsables municipales y las asociaciones ciudadanas independentistas» y recuerda que «muchos de esos representantes han llamado permanentemente a la movilización colectiva».
«El proceso no contaba con otro instrumento de imposición de la situación de hecho creada que la amenaza de una determinación popular que -de ser contrariada- podía resultar incontrolable», añade Pablo Llarena.
En su auto, el juez recuerda que los investigados han admitido que su intención era lograr la independencia de Cataluña, «si bien expresando que se buscaba que se alcanzara en un marco pactado por el Estado».
No obstante, Llarena considera que la vía negociada que los investigados han dicho buscar «queda desvirtuada», no solo porque la Constitución consagra la «indisoluble unidad» de España, sino también porque «se optó por realizar un referéndum, sabiendo de su ilegalidad», y conociendo que se iba a proceder «inexorablemente y sin negociación alguna» a declarar la independencia si ganaba el sí.
En todo caso, el juez apunta que, en sus declaraciones de hoy, no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que «o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional». EFE