El comisario jubilado José Villarejo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, han sido detenidos acusados de integrar una red de blanqueo de capitales e inmigración ilegal a cambio de cohechos, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Los tres han sido arrestados en la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en el marco de una investigación llevada a cabo junto con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
En esa operación se ha ordenado el arresto de seis personas y se están practicando más de una decena registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia.
Entre otros lugares, se ha registrado la oficina de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid y su vivienda en Boadilla.
Según la Fiscalía, la operación busca desmantelar una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios.
Los investigadores sospechan que los comisarios detenidos se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, «especialmente sensibles para la seguridad nacional», para recibir elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos, «a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español».
Según Anticorrupción, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Las detenciones las ha ordenado el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que está reforzando a la jueza Carmen Lamela, en funciones de guardia.
Carlos Salamanca llegó a estar imputado, aunque esa investigación se archivó, en la denominada operación Emperador en la que varios policías fueron juzgados y absueltos por dar información a la red china de blanqueo de dinero liderada por Gao Ping a cambio de regalos.
La operación Emperador está en el trasfondo de la denominada «guerra de los comisarios» abierta la pasada legislatura, pues el entonces comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas relacionó al hijo de Villarejo con la trama.
Eso abrió una «enemistad» (en palabras de Villarejo), entre él y Martín Blas, que previamente trabajaron juntos en la denominada «operación Cataluña» en 2012 y que acabaron enfrentados en los juzgados en casos como el del pequeño Nicolás o el del pen drive de la familia Pujol.
Ahora, Villarejo ha sido detenido por Asuntos Internos, una unidad conocida como «la Policía de la Policía», que tras el relevo de Martín Blas es dirigida por Francisco Migueláñez.
Periplo judicial
Villarejo está también implicado en la causa que investiga al empresario Javier López Madrid por supuestamente acosar a la doctora Elisa Pinto, quien señaló en una rueda de reconocimiento al excomisario como la persona que la apuñaló el 10 de enero de 2014.
A lo largo de estas pesquisas, el Ministerio del Interior aceptó indagar el supuesto entramado empresarial montado por Villarejo cuando era comisario, aunque finalmente sin consecuencias para él.
Sin embargo, ha sido detenido por Asuntos Internos, una unidad conocida como «la Policía de la Policía» porque es la encargada de investigar a los agentes de este cuerpo sospechosos de cometer delitos.
Hace apenas dos semanas, Asuntos Internos desmanteló una trama de corrupción integrada por ocho funcionarios policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que favorecían a empresarios mediante adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.
Los policías y facultativos capturados en esa ocasión estaban destinados en la Jefatura Central de Logística de la Policía Nacional, encabezada por el comisario José Losada.
Aquella investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción permitió descubrir una red de prebendas en la que participaba la contrata que suministra el servicio de comidas en diversas dependencias policiales.
De hecho, la Unidad de Asuntos Internos arrestó en aquella operación a seis empresarios que supuestamente se habrían beneficiado de contratos urdidos por la trama.