La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado este martes a la Guardia Civil a una decena de las principales comisarías de los Mossos d'Esquadra, entre ellas su sede central en el complejo Egara, con un requerimiento para obtener las grabaciones de sus comunicaciones durante la jornada del 1-O.
Según han informado fuentes policiales, la titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha enviado a la Guardia Civil, como policía judicial, al complejo central Egara, en Sabadell (Barcelona), y a las comisarías que actúan como salas de mando regionales en Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat y Granollers.
La Guardia Civil también ha acudido por orden judicial a las comisarías de los Mossos d'Esquadra en La Seu d'Urgell (Lleida) y Tortosa (Tarragona), si bien en este caso no tienen la condición de sala de mando regional.
Los agentes han acudido con un requerimiento para obtener las grabaciones de las comunicaciones por radio internas de los agentes con la sala de mando durante la jornada del referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había ordenado que fuera impedido por los Mossos.
La Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y más de una veintena de juzgados catalanes investigan a los Mossos d'Esquadra por supuesta pasividad durante el 1-O.
Precisamente, en la causa abierta por Lamela, la juez de la Audiencia Nacional mantiene imputado por sedición al hasta ahora mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, a quien ha retirado el pasaporte, por la supuesta pasividad de la policía catalana durante el asedio a la comitiva judicial que el pasado 20 de septiembre registró la consellería de Economía, en una operación contra los preparativos del 1-O.
En aplicación del artículo 155, el Gobierno ha destituido a Trapero y ha nombrado como nuevo jefe de los Mossos d'Esquadra a su hasta ahora número dos, el comisario Ferran López.
La operación de la Guardia Civil se lleva a cabo después de que el instituto armado acudiera el pasado 20 de octubre al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat con una orden judicial para obtener los correos electrónicos de un mando de los Mossos d'Esquadra en Lleida, relativos al dispositivo para impedir el 1-O.
La Guardia Civil se había personado el día anterior en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida, que, además de las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también solicitó diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos y un agente de la policía catalana.
Precisamente, según han indicado a Efe fuentes de la investigación, el análisis de los móviles de estos mandos policiales ha apuntalado las sospechas del instituto armado de que desde algunos sectores de los Mossos d'Esquadra se intentó controlar los movimientos de la Guardia Civil durante el 1-O.
También en el marco de la investigación sobre la labor de los Mossos d'Esquadra el 1-O, la Guardia Civil accedió el pasado 17 de octubre a la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), a buscar las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos d'Esquadra durante aquella jornada, relativas a las demarcaciones policiales de Tarragona y las Tierras del Ebro.
Precisamente, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo del 1-O, acusa a los Mossos d'Esquadra, en un informe presentado ante el TSJC, de «absoluta pasividad» ante el referéndum y de intentar «entorpecer» las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la votación.
En su escrito, De los Cobos sostiene que el dispositivo que la policía catalana montó para el 1-O «más que dar cumplimiento al mandato judicial, estuvo orientado a mantener la seguridad ciudadana al modo de unas elecciones legalmente convocadas».
En opinión del coordinador, las instrucciones dictadas por la Prefectura de los Mossos «hicieron que cumplir el mandato judicial fuera tarea inasumible» para los agentes enviados a los puntos de votación y los incidentes podrían haberse evitado «mediante una actuación anterior de cierre de locales» por parte de la policía catalana los días previos o en las primeras horas del 1-O.