Casi 50 ayuntamientos de España se han unido y han reclamado un listado de los bienes inmatriculados por la iglesia católica para solicitar su restitución en los casos en los que no exista título de propiedad justificado.
Reunidos en la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, ayuntamientos de diez comunidades autónomas han denunciado la «apropiación masiva» de bienes de dominio público por la Iglesia al amparo del ya derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
En un comunicado, subrayan que las iniciativas se han producido en capitales de provincias de todo el territorio, entre ellas Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza, Salamanca, Almería, Málaga o León, aunque reconocen que en algunas de ellas las peticiones no han prosperado al no contar con apoyos suficientes.
La Iglesia católica -denuncian- ha registrado a su nombre más de 40.000 bienes, muchos de ellos de dominio público o titularidad municipal, «gracias a un subterfugio jurídico que le permitía inmatricular inmuebles sin aportar títulos de propiedad como si se tratara de un funcionario del Estado».
«La movilización ciudadana ha logrado destapar este monumental escándalo patrimonial y llevarlo a los plenos municipales, los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados y la Eurocámara», afirman.
Como consecuencia de ello -aseguran- al menos una quincena de ayuntamientos han puesto en marcha litigios judiciales para impugnar la inmatriculación de bienes, como la Catedral de Zaragoza, las murallas de Artá (Baleares), las tres ermitas de Sangüesa (Navarra), la Ermita de Iguacel (Jaca) o la Plaza del Pocito (Córdoba).
En algunos casos se han logrado ya sentencias favorables, como en las ermitas de Ochagavía (Navarra), Aranda de Duero (Burgos) y San Mateo de Gállego (Zaragoza), y la restitución del parque público Chao Rego en Ferrol, señalan.