El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que no era su «deseo» ni su «intención» aplicar el artículo 155 de la Constitución, un precepto que solo se aplica en «circunstancias excepcionales» como las que suceden ahora en Cataluña.
Así se ha pronunciado Rajoy en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.
«Ningún Gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás», ha alertado.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tiene cuatro objetivos que comienzan con volver a la legalidad y concluyen con la celebración de elecciones autonómicas.
En la rueda de prensa en la que ha explicado la aplicación del artículo 155 tiene como objetivos, por este orden, la vuelta a la legalidad, la recuperación de la normalidad, el mantenimiento de la recuperación económica y la celebración de elecciones en Cataluña.
Y ha añadido que aunque dispondría de seis meses para poder convocar elecciones, su voluntad es hacerlo en cuanto se vuelva a la normalidad.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho hoy que su único temor tras decidir que se aplique el artículo 155 en Cataluña es no cumplir con sus obligaciones, que las tiene claras, entre ellas cumplir con la ley.
«Mi único temor como presidente del Gobierno español es no cumplir con mi obligación», ha subrayado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.
Ha respondido en estos términos al ser preguntado si teme las protestas que en Cataluña puede generar el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su Govern. Después de señalar que su único temor es no cumplir con sus obligaciones, ha señalado que no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el «inaceptable» órdago secesionista de Cataluña.
«Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años que llevo en la vida política», ha incidido, y ha apuntado que él no eligió a su interlocutor, «lo eligieron otros». «Esto no es propio del mundo en el que vivimos», ha lamentado, y ha hecho hincapié en que los demás, en alusión a los dirigentes de la Generalitat, no han cumplido sus obligaciones, han ignorado la ley y se han saltado la Constitución y el Estatut.
El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones «atenten gravemente» al interés general de España.
Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
El Gobierno ha preparado un documento de once folios en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
Esos son los cuatro «grandes objetivos» que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea «de forma garantista», persiguiendo en todo caso «asegurar derechos y no restringir libertades».
En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 «opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido».
En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales «consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación».
En otra parte del documento del Ejecutivo se explica «que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña», habiéndose provocado «una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico».
En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.
El Senado aprobará las medidas del 155 el 27 de octubre
El siguiente paso una vez las medidas han sido aprobadas por el Consejo de Ministros es enviarlas al Senado, que es la Cámara encargada de aprobarlas en un pleno que se celebrará el viernes 27 de octubre.
La Mesa del Senado se reunirá hoy a las 13:00 horas para fijar la tramitación hasta entonces de las decisiones del Gobierno, una tramitación que incluye un plazo para que Puigdemont pueda presentar las alegaciones que considere oportunas
El Gobierno recuerda que el 155 ya se activó en Canarias en 1989
El Gobierno recuerda el precedente canario en la aplicación del artículo 155 de la Constitución entre los motivos para activarlo en Cataluña y dice que si en 1989 ya fue necesario, en la situación actual el incumplimiento de las obligaciones constitucionales por la Generalitat es «palmario».
«Si se consideró una situación extraordinaria el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de una comunidad autónoma, en la situación actual es palmario el incumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de la comunidad autónoma que, a su vez, pone en grave riesgo el interés general de la nación», afirma el Ejecutivo en la exposición de motivos de las medidas que se pondrán en marcha en Cataluña.
Recuerda que en la historia constitucional fue activado el mecanismo del artículo 155 frente a Canarias en el año 1989 por el incumplimiento de sus obligaciones en el ámbito fiscal. Pero entonces bastó el requerimiento para que la comunidad autónoma cesara en su comportamiento «sin necesidad, en consecuencia, de acudir al Senado para la adopción de medidas ulteriores».
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