El ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica que cite como investigados, y no como testigos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre.
Así consta en un escrito de la representación legal de Granados dirigido al juez Manuel García Castellón, al que solicita que también cite como investigadas (antes imputadas) a otras once personas.
Respecto a Aguirre, el escrito justifica que sea citada por los informes relacionados con la financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid de los años 2007 y 2011 y de las generales de 2008.
La defensa de Granados considera que Cifuentes debe ser investigada también en relación a la financiación de las campañas del PP de esos comicios ya que desde 2004 a 2008 fue secretaria de Policía Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña de esa fuerza política.
Por ello mismo, y como sucesor de Cifuentes en la citada secretaría, Granados quiere que se impute a Borja Sarasola, quien también ejerció otros cargos como consejero de Medio Ambiente o vicepresidente de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid.
En su calidad de director de campaña del PP de Madrid quiere que sea investigado el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo.
También pide Granados que se cite como investigados al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, la exconsejera de Educación Lucía Figar, la exresponsable de Servicios Sociales Gador Óngil, el expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría, o el actual consejero de Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo.
Asimismo, relaciona a los exconsejeros Jaime González Taboada, Mariano Zabía, Beatriz Elorriaga e Isabel Mariño y al exviceconsejero Manuel Beltrán.
Francisco Granados quedó en libertad el pasado mes de junio tras quedar constituida la fianza hipotecaria con los bienes depositados como aval por sus familiares y cuyo valor duplicaba la cantidad de 400.000 euros que le exigió el juez para poder salir de cárcel.