El presidente catalán, Carles Puigdemont, compareció este martes para asumir, en sus palabras, el «mandato del pueblo» para que «Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», aunque seguidamente propuso «suspender los efectos de la declaración de independencia» para abrir la puerta al diálogo. Pero ¿qué valor tiene esa declaración de independencia?
La declaración de independencia, plasmada en cuatro folios y con logo de la Generalitat, proclama: «Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». «Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada».
El texto es de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque no será registrada en el Parlament. No obstante, el Gobierno ha manifestado este miércoles la necesidad de que Puigdemont aclare si ha declarado o no la independencia en Cataluña. Para ello, según ha informado Rajoy en La Moncloa, el Gobierno ha enviado un requerimiento a la Generalitat.
Las reacciones de los expertos no se han hecho esperar en las últimas horas para aclarar la validez de las palabras del presidente de la Generalitat:
Asociaciones de jueces niegan valor jurídico a la declaración
Según las tres asociaciones profesionales de magistrados, la declaración de Puigdemont para que Cataluña se convierta en un estado independiente carece de valor jurídico e incumple hasta las propias leyes catalanas de referéndum y transitoriedad.
«Según la Ley de Referéndum, que por otro lado está suspendida por el Constitucional, sólo puede declarar la independencia el Parlament. No puede hacerlo el president. De modo que han incumplido hasta sus propias leyes», dicen desde Jueces por la Democracia. Así, «la declaración de Puigdemont y el documento firmado después fuera del Parlament son, desde el punto de vista de los efectos jurídicos, irrelevantes», añade.
La asociación de juristas Llibertats señalan que lo que se ha efectuado en el Parlament catalán es «una puesta en escena meramente política» dirigida a «eludir cualquier posibilidad de control jurisdiccional».
A su juicio, Puigdemont ha llevado a cabo «una declaración de independencia». En esta línea, ha asegurado que se trata de «una declaración de independencia efectuada por una sola persona, sin votación ni convocatoria en forma», por lo que «carece de validez ni eficacia jurídica alguna».
«Ni se ha votado la declaración ni la suspensión de la misma. Ni siquiera el orden del día contemplaba la declaración de independencia», ha subrayado Llibertats, que también ha señalado que lo «más grave y antidemocrático» haya sido que, fuera del hemiciclo y al acabar la sesión, los diputados de Junts pel Si y la CUP «firmen una declaración de independencia extraparlamentaria».
En esta línea, los juristas de esta asociación han aseverado que esta declaración extraparlamentaria no tiene eficacia jurídica y ha sido aprobada por técnicas «propias de estados totalitarios».