El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, está declarando poco después de las 10.00 horas ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigado por un delito de sedición en relación al asedio a la Guardia Civil en una operación el 20 de septiembre contra los preparativos del 1-O.
Trapero, que estaba citado a las nueve de la mañana, llegaba media hora antes a la Audiencia Nacional vestido de uniforme y escoltado a cada lado por dos mossos también uniformados.
Le acompañaban Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, y Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial, y a quien Trapero envió a algunas de las reuniones de coordinación policial con Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndum ilegal del 1-O.
Los Mossos ya adelantaron que Trapero sostendrá en su comparecencia que la policía catalana ha cumplido «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.
En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos remitió a todos los agentes, los mandos aseguraron que el mayor aportará toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre.
Antes de Trapero, ha comparecido por videoconferencia la intendente de los Mossos Teresa Planas, citada también para declarar como investigada por sedición por el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre.
La juez le ha eximido de trasladarse a la Audiencia Nacional tras acreditar la agente que padece un problema de salud que le impide desplazarse.
Después de Trapero declarará el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el cuarto investigado en esta causa por sedición.
A su llegada un grupo de diez personas compuesto por miembros del PDeCat, ERC y de En Comú-Podem les ha aplaudido. No obstante, ninguno se le ha podido acercar al encontrarse en el perímetro vallado que rodea las instalaciones de la Audiencia Nacional y que impide acercarse a los declarantes en su paseíllo hasta la zona de declaraciones.
Lamela considera a estos cuatro investigados responsables del asedio a la Guardia Civil durante la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-O y califica su participación como sedición al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno.
Tras admitir la denuncia de la Fiscalía por estos hechos, la juez pidió el atestado al instituto armado, que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.