Siete asociaciones de guardias civiles han trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso el abandono y el acoso que están sufriendo los agentes del cuerpo desplazados a Cataluña por el 1-O, que han extendido también al que padecen los destinados allí desde antes de esa fecha.
Lo han hecho en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde han explicado la situación de la Guardia Civil y sus reivindicaciones para mejorar sus condiciones laborales, como ya lo hiciera en junio pasado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el cuerpo.
Aunque estaban previstas desde hace tiempo, esta comparecencias han coincidido con la situación que están viviendo los agentes de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, por lo que las intervenciones de los representantes de las asociaciones se han centrado sobre todo en la denuncia de ese acoso y abandono.
«Humillados», «vejados» y «abandonados» son algunas de las palabras con las que han definido la situación de los guardias y todos ellos han coincidido en reprochar la actitud de «dejación de funciones» de los Mossos d'Esquadra, que ni siquiera les han dado seguridad, y en confiar en la Justicia tras haber citado la Audiencia Nacional al jefe de este cuerpo, Josep Lluís Trapero.
Todos ellos han resaltado la proporcionalidad con la que actuaron los guardias y los policías en el 1-O y han indicado que, pese a los que se ha dicho, las concentraciones ciudadanas no eran pacíficas y estaban bien organizadas y dirigidas.
El primero en comparecer ha sido el responsable de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), José Antonio Méndez, quien ha acusado a los políticos de no defender a los agentes y de dejarles abandonados cuando las cosas salen mal, mientras que se arrogan los méritos de las buenas actuaciones.
Desde la Unión de Oficiales (UO) su vicepresidente, Javier Montes, ha pedido a los partidos que estén a la altura de las circunstancias y ha trasladado el desánimo y sentimiento de abandono de los agentes. Antes, en declaraciones a los periodistas, ha dejado claro que los guardias no quieren irse de Cataluña, de «una zona de España».
Mientras, el presidente de la Asociación de Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), José Silva, ha descrito la situación de asedio a cuarteles y hoteles, de amenazas, de insultos y de acusaciones falsas de brutalidad que están viviendo en Cataluña.
Muy contundente, Silva ha dicho que hasta el propio Govern ha pedido que se vayan, les ha criminalizado «de forma salvaje» y les ha utilizado para dar fuerza a sus propias movilizaciones, a la vez que ha expresado su satisfacción porque Trapero vaya a ser investigado por sedición.
Los agentes «se sienten solos, tienen miedo por sus familias, por su futuro, por sus propiedades», ha añadido antes de asegurar que los guardias se encuentran en Cataluña hoy «como en los peores tiempos del País Vasco». «Se les ha echado a los pies de los caballos» y utilizados como «peones en una partida de ajedrez».
Tras insistir en que tanto los guardias como los policías nacionales están «abatidos y humillados», Silva ha pedido a los grupos que no se queden cruzados de brazos viendo cómo los servidores públicos son «atacados y vilipendiados», porque «lo peor está por llegar». «¿Qué será lo siguiente?», se ha preguntado.
Raúl Lobato, de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha calificado de «dramática» la situación y ha rechazado las críticas a la actuación policial,basadas en algunos casos en «imágenes trucadas» que han llegado a la opinión internacional.
Lobato ha abogado por la «disolución absoluta» de los Mossos tras su dejación de funciones y ha pedido que se ponga remedio a las injustas incitaciones al odio que se están produciendo, empezando, ha dicho, por el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Fernando Ramírez Trejo, presidente de la Asociación pro Guardia Civil (APROGC), ha resaltado la actuación «adecuada y proporcional» de los agentes en el 1-O y ha recordado que el acoso es anterior a esta fecha, incluido a las familias de los guardias, una opinión que ha compartido Ramón Rodríguez, presidente de UnionGC.
Rodríguez ha mostrado la nómina de un agente con 34 años de servicio, 1.596,75 euros, para pedir que se invierta en ese «gran valor» que es la Guardia Civil. «Si cotizase en bolsa, invertirían ustedes», les ha dicho a los diputados.