La jornada del 1-O, condicionada por las cargas policiales y un insólito sistema de votación, ha finalizado con la convocatoria del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los partidos para reflexionar «juntos» y un llamamiento del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a aplicar en los próximos días el proceso hacia una declaración unilateral de independencia.
Puigdemont ha convocado una reunión extraordinaria del Consell Executiu para las 10.30 horas de este lunes en el Palau de la Generalitat. El primer encuentro tras el 1-O transcurrirá a puerta cerrada, si bien los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión al inicio de la misma.
Rajoy ha negado que se haya celebrado un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ha dicho que los únicos culpables de lo ocurrido son quienes «han promovido la ruptura de la legalidad y de la convivencia».
El Gobierno catalán, que asegura que se han depositado 2.262.424 papeletas con un 90% a favor del sí, había reconocido ya a primera hora de la mañana que no podía celebrar su referéndum de independencia tal y como había planeado.
Por sorpresa ha anunciado entonces un censo universal y la posibilidad de votar aunque fuera sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su propia Ley del Referéndum, suspendida por el TC.
El conseller-portavoz del Govern, Jordi Turull, anunciaba un cambio en las reglas del referéndum a 45 minutos de la apertura de los centros de votación, que en muchos casos permanecían llenos de personas desde el sábado desatendiendo los avisos de precinto policial.
La intervención de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil a requerimiento de los Mossos para impedir el referéndum ha devenido en diversas cargas que, según la Generalitat, han causado 844 heridos, dos en estado grave, así como el uso de pelotas de goma y, según el Govern, de gases lacrimógenos.
La actuación de la policía autonómica durante la jornada, que este cuerpo define como «proporcional y garantizando la seguridad ciudadana» y que en algunos casos se ha limitado a levantar acta en los colegios que visitaba, ha llevado a la Guardia Civil a identificar a agentes de los Mossos por inacción.
Mossos y guardias civiles han llegado a encararse en varias ocasiones, en algún caso llegando a darse empujones, durante las intervenciones del instituto armado para cerrar los locales designados como centros de votación del referéndum.
Siete juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos por no impedir la votación como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Por su parte, la Generalitat ha denunciado ante el juez a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y el juzgado de instrucción 7 de Barcelona ha abierto diligencias previas por dicha denuncia.
Turull, que ha comparecido en un «centro internacional de prensa» gestionado por un grupo privado de comunicación, ha admitido que «no se ha podido votar con normalidad», ya que se han tenido que cerrar 319 colegios por la actuación policial.
Votos
Los miembros del Gobierno catalán, entre ellos el president Carles Puigdemont, han conseguido votar, en su mayoría sin dificultades, si bien la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, ha denunciado haber sido «arrastrada, empujada y cogida por los brazos» por agentes de la Policía Nacional que han entrado en la sede de su departamento, que era punto de votación
El Ministerio de Interior informaba a media tarde de que la Policía y la Guardia Civil han clausurado 92 centros de votación y han detenido a seis personas por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.
Un total de diecinueve policías nacionales y catorce guardias civiles han requerido atención médica inmediata por su trabajo hoy en los colegios donde se celebraba el referéndum, a la vez que Interior ha difundido un vídeo con la salida de los agentes de la Guardia Civil de San Carles de la Rapita (Tarragona) apedreados.
Los concentrados en algunos locales electorales han montado barricadas alrededor del recinto, con vallas y sacos, para impedir que la policía acudiera a requisar las urnas, mientras que los mossos aseguran haber recibido 48 denuncias ciudadanas contra las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que mañana mismo pedirá su comparecencia en el Congreso y que convocará a las fuerzas con representación parlamentaria para reflexionar sobre un futuro que debe ser afrontado «juntos» tras el 1-O.
«Yo no voy a cerrar ninguna puerta. Nunca lo he hecho. Siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y en el marco de la democracia», ha resaltado Rajoy, que ha añadido: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer».
Proceso
Por su parte, Puigdemont, que ha votado en un local diferente al previsto por haber sido intervenido por la policía, ha denunciado el «uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español» y ha dicho que eso le «avergonzará para siempre».
Horas más tarde, desde el Palau de la Generalitat, Puigdemont ha destacado que Cataluña ha «conseguido celebrar el referéndum» y se ha ganado el derecho a la independencia.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado por su parte su «profundo desacuerdo» con las cargas policiales, ha garantizado que apoyará la «estabilidad» del país «a pesar del Gobierno del PP» y que los socialistas «estarán a la altura» ante una «grave crisis que amenaza la integridad territorial».
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al PSOE que ante la «crisis de Estado» que ha provocado el Govern «arrime el hombro» para «mandar» al PP a la oposición y que deje de avalar la estrategia del Ejecutivo que ha definido como un «fiasco» y un «fracaso» para la democracia.
Sin embargo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que Rajoy ha pecado de «ingenuo» al pensar que los Mossos d'Esquadra actuarían con «lealtad» y obedecerían las órdenes judiciales.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha responsabilizado al PP y a Rajoy de provocar un «estado de sitio» en la ciudad, mientras que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado de «gran error» lo sucedido hoy en Cataluña.
La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han hecho esta noche un llamamiento a los catalanes a que se sumen a la convocatoria por parte de la Taula por la Democràcia, que aúna a entidades soberanistas y sindicatos, entre ellos CCOO y UGT, para llevar a cabo una «huelga general» el próximo 3 de octubre.
La asociación Societat Civil Catalana ha reclamado que Puigdemont, Junqueras, y todo el Govern «queden apartados de la política indefinidamente» al creer que son los principales responsables de las tensiones vividas en Cataluña.
Los hechos acaecidos durante la jornada han llevado a que el partido de fútbol de Liga entre el Barça y Las Palmas se disputara, a petición del club, a puerta cerrada, mientras que el Espanyol ha condenado la violencia y pide diálogo a los políticos.
El Govern firmó el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum al aprobar una ley mediante una tramitación exprés y sin el preceptivo acuerdo de dos tercios de la cámara contemplado en el propio Estatut de Cataluña, lo que llevó a la oposición a abandonar el hemiciclo antes de la votación en uno de los debates más tensos y maratonianos de la historia del Parlament.