El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha avisado este viernes al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, de que es el responsable de los certificados de gastos que ha firmado, con las consecuencias penales o civiles que se deriven si ha usado partidas públicas para gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Cuestionado sobre si sospechan que parte del dinero podría estar utilizándose para pagar el 1-O, ha señalado que los certificados que le eran exigibles «venían certificados por el vicepresidente de la Generalitat, viceconsejero de Economía y Hacienda y por la interventora, amén de los interventores delegados, los correspondientes consejeros titulares y por parte de otros centros directivos».
«Cuando se firma un documento se tienen que asumir las responsabilidades del documento que se firma», ha precisado, recordando que se comunicó a la Fiscalía General la actitud de no suministrar información.
«Cada uno sabrá lo que ha firmado y es responsable de lo que ha firmado con las consecuencias penales, civiles y administrativas que se deriven de la firma de certificados que se han enviado al Ministerio de Hacienda», ha concluido.
Fernández de Moya ha asegurado que existe «encima de la mesa una situación excepcional en el control de los pagos, excepcionalidad que genera el Gobierno de la Generalitat que no respeta la ley ni el Estado de derecho y que se declara en rebeldía e insumisión a cumplir el ordenamiento jurídico español que les vincula».
El secretario de Estado de Hacienda ha reiterado que lo que hace el Ejecutivo central «es cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional», considerando que «lo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat es respetar el Estado de derecho, las resoluciones del Constitucional y cumplir la ley».
El secretario de Estado de Hacienda ha hecho una cronología de los hechos que han llevado al Gobierno central a tomar una serie de medidas, que suponen «un control reforzado de los pagos» a la Generalitat con el fin de, ha dicho, «garantizar que ni un solo euro vaya destinado a un proceso refrendario que es ilegal e inconstitucional».
Así, ha explicado que el Ministerio de Hacienda, «porque estamos en un Estado de derecho», a raíz de la sentencia del Constitucional de 5 de julio, en la que «se declara ilegal una partida presupuestaria que afectaba a un programa del presupuesto de la Generalitat», bajo el epígrafe de consultas populares, «tiene la obligación de velar por el cumplimiento» de dichas resoluciones.
Fernández de Moya ha indicado que esa obligación también afecta «al Gobierno de la Generalitat y todos los españoles». «Nadie está por encima de la ley y la democracia es respetar el Estado de derecho», ha reiterado, recordando el artículo 1 de la Constitución que establece que España es «un estado social, democrático y de derecho».
Ha insistido en que el Ministerio de Hacienda tomó, a partir de ese momento, una serie de acuerdos «porque el Tribunal Constitucional da un mandato que es que ni un solo euro se destine a financiar un proceso ilegal e inconstitucional».
El secretario de Estado ha señalado que la Generalitat certificó semanalmente que no se estaba gastando «ni un sólo euro», hasta que en septiembre «se declara en rebeldía, en insumisión e interrumpen con el Gobierno de España toda información». «No, eso no puede ocurrir en un Estado de derecho», ha dicho, incidiendo en la vigencia de la Constitución y de distintas legislaciones.
Ha indicado que Cataluña tiene previstos unos pagos este mes de septiembre de unos 2.400 millones de euros y en recursos ordinarios vinculados al sistema de financiación autonómica recibe en las entregas a cuenta que se realizan de manera quincenal unos 1.463 euros.
Así, ha explicado que, a raíz de «la declaración de rebeldía e insumisión y contraria a derecho que manifiesta el Gobierno de la Generalitat de no informar al Ejecutivo español», los pagos «los hace el Ministerio de Hacienda contra la cuenta de la comunidad autónoma en ese plan de tesorería con cargo a lo que le corresponde al vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas».
«Ahí es donde entramos a garantizar los pagos de los servicios públicos esenciales --conciertos educativos, sanitarios, de servicios sociales, las nóminas que vinculan al capítulo uno de los empleados públicos de Cataluña-- de los catalanes y españoles, porque Cataluña es España y España es Cataluña», ha manifestado.
Ha asegurado que el Gobierno de la Generalitat, tras tomar Hacienda dichos acuerdos, «lo primero que hace es engañar al conjunto de los españoles porque dice que acude al Tribunal Supremo pidiendo la suspensión del acuerdo y este tribunal lo único que hace es dar traslado a la Abogacía del Estado», pero, ha añadido, «se ha demostrado que el TS había rechazado las medidas cautelarísimas», que se habían pedido por Podemos.