El Ministerio de Educación ha requerido al departamento de Enseñanza de la Generalitat para que «depure responsabilidades entre los responsables» de los actos de apoyo al 1-O realizados en varios centros escolares en horario lectivo y sin previa autorización de los padres, ni comunicación al director.
Fuentes de Educación han informado de que este requerimiento a la consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, se produce tras haber tenido conocimiento por los medios de comunicación de que algunos profesores habían dado consignas a estudiantes para que fueran a manifestarse delante de edificios públicos.
«Al amparo de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se requiere al Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña para que proceda a restaurar los derechos conculcados y depure responsabilidades entre los responsables», se indica en el requerimiento.
Las fuentes consultadas han explicado que el Ministerio de Educación exige a la Generalitat que depure responsabilidades entre «centros escolares, equipos directivos y profesores».
Junto al requerimiento, que firma el secretario Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, se ha adjuntado toda la justificación normativa del Sistema Educativo Español, el Estatuto de Autonomía Catalán, la Ley del Menor, y otros textos legales, que, a su juicio, han sido todos vulnerados.
Asimismo, se detallan los actos denunciados y los acompañan de las fotografías que han publicado algunos medios de comunicación o que han remitido familiares en desacuerdo con la utilización de los alumnos.
Entre los actos incluidos en el documento figura que en Olot (Girona), las direcciones de los centros remitieron un comunicado a los padres de los alumnos solicitándoles una autorización para participar en una manifestación ante el Ayuntamiento.
También hace referencia a que en Manresa (Barcelona) la dirección del centro IES Lluis de Peguera permitió que el profesorado llevase a los alumnos a la Plaza Mayor para manifestarse delante de la Comisaría.
Alumnos y profesores de tres institutos de Mollerussa (Lleida) -el Terres de Ponent, La Sierra y La Salle- también se habían concentrado en la plaza del Ayuntamiento en apoyo al 1-O, además de que los alumnos del Instituto Abad Oliva de Ripoll (Girona) hicieron huelga y se manifestaron frente al Ayuntamiento, también sin previa autorización de los padres.
Otro de los actos descritos es que en el Instituto de Sant Quirtze del Vallés (Barcelona) se pudo ver a «niños con esteladas anudadas al cuello y a otros colgando banderas independentistas de las paredes, pintadas de mensajes de odio contra España».
En Tàrrega (Lleida), profesores y alumnos de diferentes centros educativos de Educación Secundaria se manifestaron sin autorización previa a los padres, madres o tutores cortando la carretera a la altura de la Avenida de Tarragona.
Por otra parte, han añadido las mismas fuentes, en el Instituto Lacetánia de Manresa (Barcelona) un padre denunció cómo los profesores conminaron a los alumnos a salir a las calles en horas lectivas a pegar «carteles pro referéndum» en las paredes.
Asimismo, el documento relata que en la concentración convocada por Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el pasado 21 de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acudieron alumnos de diferentes centros educativos, como por ejemplo el Instituto Ernest Lluch (Barcelona).
Otro de los ejemplos detallados en el requerimiento de Educación se refiere a la escuela Plà d'Avella de Cabrera de Mar (Barcelona), donde los alumnos de 5º de Primaria «debían recabar información» sobre los disturbios ocurridos el 20 septiembre en Barcelona «con material elaborado con intenciones claramente políticas pro-referéndum», han añadido las fuentes.