El exsecretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda Josep Maria Jové, detenido la semana pasada por su vinculación con el referéndum del 1-O, denunciará de forma inminente al Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por vulneración de derechos fundamentales.
Lo ha explicado en declaraciones a los periodistas su abogado, Andreu Van den Eynde, que ha asegurado que en Cataluña hay «un estado de excepción de facto» por el que se están vulnerando derechos básicos de los ciudadanos como el de su representado.
Van den Eynde ha contemplado que esta estrategia también la sigan otros de los detenidos, además de personas que no han sido detenidas pero si multadas por el Tribunal Constitucional (TC), como fue el caso de los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, ya disuelta.
Los señalados en la denuncia serán dos: por un lado el Estado por considerar que ha vulnerado tratados internacionales que ha firmado, y también aquellas instancias como jueces y fiscales por «sus agravios a los derechos de reunión, libertad de expresión, derecho de información y de participación política», entre otros.
La legislación internacional obliga a agotar todas las instancias judiciales internas antes de elevar el caso a instancias internacionales, y Van den Eynde ha considerado que ya se han agotado porque muchas de las resoluciones las ha dictado el TC, contra quien ya no cabe recurso dentro de la legislación española.
«Los equipos legales estamos ya convencidos de que ha llegado el momento de llegar a las jurisdicciones internacionales. Y en concreto plantear demandas. La restricción de derechos, la violación de derechos, nos dan motivos y ganas de pedir responsabilidades», ha resumido.
Hay dos vías para reclamar ante Estrasburgo: la urgente ante casos de «gravedad extrema» y la ordinaria, lo que marca si el Tribunal tiene que pronunciarse a corto plazo o a largo plazo, y el abogado ha explicado que por ahora se plantean la vía ordinaria.
A parte de defender que organizar un referéndum no es delito, Van den Eynde ha asegurado que los detenidos tuvieron que pasar por situaciones incomprensibles como por ejemplo estar privados de libertad casi el máximo tiempo legal permitido, cuando debería ser el «mínimo tiempo imprescindible».
También ha asegurado que tanto su cliente como otros detenidos tuvieron que pasar por situaciones inauditas, como comparecer a declarar esposados, o también que no se quería comunicar a los abogados defensores donde se encontraban retenidos.
El diagnóstico de Van den Eynde es que la investigación relativa al referéndum la están liderando la Fiscalía y la policía llevando a cabo actividades desproporcionadas y por iniciativa propia, y los jueces las avalan a posteriori 'blanqueando' estas actividades que ve ilícitas.
El abogado ha defendido que el derecho de autodeterminación no es solo aplicable a las colonias, sino que se ha aplicado recientemente en el marco de la UE, asegurando que así lo hizo la primera ministra británica Theresa May cuando lo invocó para pedir formalmente la salida del Reino Unido de la Unión.
Jové es el primero de los detenidos que anuncia formalmente que acudirá a las instituciones internacionales para denunciar al Estado, pero varios cargos soberanistas ya han explicado que contemplan esta vía si se les condena por su defensa del proceso independentista.
Así lo ha contemplado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuando recurrió la admisión a trámite de la querella en su contra por tramitar la ley del referéndum, o también lo advirtió el presidente catalán, Carles Puigdemont, cuando trató de recusar a los magistrados que instruyen la causa contra él.