Los abogados del expresidente catalán Artur Mas y de los ex altos cargos investigados por desviar dinero público para los gastos del 9N han informado este lunes que recurrirán, en un plazo de cinco días, la resolución del Tribunal de Cuentas que fija en 5,2 millones la fianza solidaria.
En declaraciones a los medios al término de la reunión de los abogados, la delegada instructora, el fiscal y la parte demandante, el abogado de Artur Mas, Rafael Entrena, ha expresado la «absoluta disconformidad» con la resolución, que, según ha dicho, tiene una fundamentación jurídica «muy defectuosa».
Entrena ha asegurado que es un «clarísimo ejemplo de desviación de poder». «Se ha instrumentalizado al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer», ha dicho.
El abogado ha informado que a Mas se le atribuyen «todos y cada uno de los gastos» vinculados con la consulta del 9N y, por tanto, la responsabilidad última y 5,2 millones de euros.
A la exconseller Irene Rigau se le imputa la responsabilidad de 3 millones de euros; al exconseller Frnacesc Homs, 2,1 millones; y a la exconseller Joana Ortega, 0,8.
A partir de este lunes se requiere a los afectados este afianzamiento y, si no se paga, se procederá al embargo de bienes.
Entrena ha explicado que, dado que hay cantidades que se exigen solidariamente, «habrá que ver si se exige la totalidad a todo el mundo o parcialmente a cada uno de los responsables solidarios». Por ello, ha explicado que está pendiente por concretar la cuantía definitiva de cada una de las fianzas y las respuestas, en su caso, ante una falta de afianzamiento.
El abogado ha hecho hincapié en que no se dan los requisitos para exigir responsabilidades contables y ha añadido que «todos y cada uno de los pagos que se efectuaron tenían una buena ordenación contable». Por ello, espera que se tengan en cuenta los recursos que se presentarán y, finalmente, la liquidación sea provisional y no definitiva.
Por su parte, la abogada de Francesc Homs, Montse Rosell, ha insistido en que se planteará un recurso por las «muchas y graves irregularidades» y ha asegurado que no se ha respetado ninguna garantía de los presuntos responsables.
Rosell ha insistido en la gravedad de las irregularidades y en el hecho de que se les exija un afianzamiento sin tener el más mínimo derecho de defensa.
En el recurso, ha avanzado que una de las causas para pedir que quede en suspenso la obligación de pagar es «que se ha producido una evidente indefensión». Y por ello, ha dicho, «pediremos la suspensión cautelar»