El Govern catalán ha pedido a los miembros de la Sindicatura Electoral que renuncien a sus cargos y traspasen la tarea de supervisión del referéndum a entes públicos y académicos internacionales que se anunciarán próximamente.
Así lo han anunciado fuentes cercanas al ejecutivo, como fórmula de evitar las multas de entre 6.000 y 12.000 euros diarios que el Tribunal Constitucional impuso este jueves a sus miembros, y la «persecución judicial» que ello conlleva.
Sin embargo, el ejecutivo recuerda que todos los procesos y medios del referéndum ya han sido debidamente supervisados y validados por la Sindicatura, cuyos miembros denunciarán ante el Tribunal de Derechos Humanos la falta de garantías procesales a las que se han visto abocados.