El Govern de Carles Puigdemont ha acordado este viernes destituir de su cargo al secretario general del departamento de la Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa impuesta por el Tribunal Constitucional (TC).
El TC ha multado con 12.000 euros diarios a Jové y a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña encargados del seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.
El Govern ha tomado la decisión en una reunión de gobierno extraordinario celebrada este viernes por la mañana a las 9.45 horas, en la que ha aprobado un decreto con un único artículo, en el que se comunica el cese de Jové, a quien se le agradecen los «servicios prestados» y su «lealtad», ha explicado el conseller de la Presidencia, Jordi Turull.
Turull ha argumentado que el TC insta a Jové a «realizar una serie de acciones en menos de 24 horas» pese a que sigue «detenido y no las puede hacer», lo que a su juicio representa un «despropósito absoluto» y «sin precedentes», por lo que se ha decretado su cese «desde un reconocimiento y un agradecimiento profundo».
Según Turull, algunas de las funciones que tenía asignadas Jové «se las puede quedar» Junqueras como titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, aunque también se pueden «delegar» otras competencias «para garantizar que funcione la consellería».
Después de las detenciones de altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum, practicadas el miércoles por la Guardia Civil, el portavoz del Govern ha expresado su «condena e indignación ante estas actitudes antidemocráticas del Estado español».
En cuanto a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, Turull no ha querido pronunciarse sobre si renunciarán o mantendrán el cargo.
Por su parte, la jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, Montserrat Vidal, multada por el TC con 6.000 euros diarios, ha presentado un escrito de alegaciones en el que sostiene que «no puede hacer lo que se le pide», ha explicado Turull.