La Guardia Civil atribuye un presunto delito de sedición al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, detenido el miércoles dentro del operativo policial contra la organización del referéndum de independencia.
Según han informado fuentes de la defensa, el Instituto Armado, en su escrito, achaca también al 'número dos' del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por «gestionar elementos fundamentales» para el 1 de octubre.
Pese a que la Guardia Civil le atribuye sedición --igual que a otros cargos detenidos--, este delito no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envió el miércoles a los medios sobre los supuestos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
Según el TSJC, el juez instructor, Juan Antonio Ramírez, que mantiene el caso bajo secreto y ordenó las entradas y registros del miércoles en sedes de la Generalitat, atribuye únicamente a la veintena de investigados los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El delito de sedición, sin embargo, sí que figuraba en la querella de los abogados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, a partir de la que el juez inició la investigación, y la presentada posteriormente por el partido político Vox.
Según han explicado fuentes de la defensa, la Guardia Civil detuvo a Jové sobre las ocho de la mañana del miércoles cuando circulaba por la Ronda Litoral de Barcelona: varias patrullas del Instituto Armado le salieron al paso y lo arrestaron.
La Guardia Civil condujo entonces al 'número dos' de Junqueras a su domicilio para que estuviera presente, junto a su abogado, en una entrada y registro en la que los agentes incautaron móviles, ordenadores y alguna documentación.
Al acabar el registro, no lo llevaron a su despecho de la Conselleria de Economía sino al cuartel de la Guardia Civil donde, a primera hora de la mañana de este jueves, todavía no le habían tomado declaración.
El abogado de Jové ha solicitado también un 'habeas corpus' -una comparecencia ante un juez para valorar la legalidad de una detención- que todavía no se ha resuelto, según fuentes de la defensa.
Nave de papeletas
La Guardia Civil ha dejado en libertad con cargos al empresario Pau Furriol, propietario de la nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde los agentes incautaron casi diez millones de papeletas para votar en el referéndum independentista del 1 de octubre.
Según han informado fuentes de su defensa, Furriol ha quedado en libertad pasadas las 14 horas de este jueves, después de haber sido detenido el miércoles en la operación policial contra la preparación del referéndum y haber sido trasladado al cuartel del Instituto Armado en la Travessera de Gràcia de Barcelona.
La Guardia Civil le atribuye al propietario de la nave el supuesto delito de «sedición», además de desobediencia y prevaricación, al igual que a varios cargos públicos arrestados.
La Guardia Civil requisó en la nave del empresario casi diez millones de papeletas para votar 'Sí/No' en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, además de otra documentación relativa al 1-O como actas de constitución de mesas, de recuentos y de incidencias, entre otros.
El abogado de Furriol había pedido un 'habeas corpus' -una comparecencia ante un juez para valorar si una detención es irregular- pero fue rechazado con el argumento de que no se han vulnerado sus derechos.