El juez que ha ordenado este miércoles la operación de la Guardia Civil en la Generalitat investiga si el Govern ha destinado ilegalmente dinero público a la organización del 1-O, a raíz de la afirmación del exsenador de ERC Santi Vidal de que existía una partida «camuflada» para el referéndum.
El titular del juzgado de instrucción número 13 abrió el pasado mes de abril las diligencias que han precipitado la operación-en la que la Guardia Civil ha registrado oficinas de la Generalitat y detenido a altos cargos del Govern-, tras la denuncia que un particular presentó por las polémicas conferencias del juez y exsenador de ERC.
La investigación, que dirige el juez y coordina la Fiscalía Superior de Cataluña junto a la Guardia Civil, se abrió para dilucidar la veracidad de las declaraciones de Vidal cuando aseguró que el Govern disponía de una partida «camuflada» de 400 millones para organizar el referéndum, y ha acabado convirtiéndose en una causa centrada en la financiación y los preparativos del 1-0.
El magistrado busca indicios de que el Govern ha estado destinando dinero público en los últimos meses para organizar la infraestructura y la logística para el referéndum, lo que los investigadores consideran que podría constituir un delito de malversación de caudales públicos al ser una consulta contraria a la ley y finalmente suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
De hecho, entre las dependencias que han sido registradas figuran áreas de la Generalitat que podrían tener un papel clave en la organización tecnológica y logística del referéndum, como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que centralizó la gestión de la votación del 9N.
Otras de las empresas registradas, como T-Systems, también fueron contratadas por la Generalitat para preparar las aplicaciones informáticas que permitieron la votación del 9 de noviembre de 2015.
Hasta ahora, en la causa que dirige titular del juzgado de instrucción número 13 tienen la condición de investigados el propio Santi Vidal, el jurista Carles Viver i Pi-Sunyer y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, detenido hoy por la Guardia Civil, aunque ninguno de ellos había sido citado a declarar como investigado pese a que han transcurrido varios meses desde que se abrió el caso.
Paralelamente a la denuncia que un particular presentó en los juzgados de guardia por las declaraciones de Vidal -por un delito de revelación de secretos-, VOX interpuso una querella por los mismos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el alto tribunal catalán decidió no admitir a trámite y remitirla a instrucción 13 hasta comprobar si las revelaciones del exsenador eran veraces o «meras soflamas».
El juez instructor recabó las conferencias de Vidal, así como las comparecencias en el Parlament en que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desmintió lo revelado por el exsenador y, meses después, decretó el secreto de sumario y ordenó a la Guardia Civil que investigara la veracidad de sus palabras.
Desde hace al menos dos meses, la Guardia Civil ha estado siguiendo los pasos de todas las iniciativas vinculadas a celebrar el referéndum de independencia, partiendo de la financiación de la web del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la web garanties.cat o el acto que el independentismo celebró en el Teatre Nacional de Cataluña (TNC) para anunciar el referéndum del 1-O.
Por ese motivo, la Guardia Civil estuvo tomando declaración el pasado mes de julio como investigados a varios cargos de la Generalitat, entre ellos el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, e interrogaron también como testigos a trabajadores de varios departamentos.
En paralelo a la investigación que dirige el juez de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra los miembros del Govern por el referéndum, por los delitos de prevaricación, desobediencia y también malversación.
Por el momento, la magistrada del alto tribunal catalán que lleva la causa, Mercedes Armas, se ha limitado a admitir a trámite la querella, prohibir a los medios que difundan la publicidad del referéndum y ordenar a la Guardia Civil el cierre de webs relacionadas con la consulta