La Guardia Civil ha cerrado este miércoles por orden judicial la web oficial del referéndum de independencia convocado para el próximo 1 de octubre en Cataluña, aunque poco después el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido dos nuevos dominios para acceder a la página.
Según han informado fuentes del instituto armado, agentes de la Guardia Civil se han personado en la empresa CD Mon de Malgrat de Mar (Barcelona), que gestionaba el servidor de la web del referéndum, y han entregado un mandamiento judicial de cierre de la misma, orden que la compañía ha cumplido.
Pasadas las 19.00 horas, la web referéndum.cat, que informaba de la consulta de independencia suspendida por el Tribunal Constitucional, ha dejado de funcionar.
Sin embargo, casi simultáneamente, la Generalitat ha puesto en marcha dos nuevos enlaces que replican la página web cerrada.
Puigdemont ha ido informando a través de varios tuits del cambio de ubicación de la web: «La web del referéndum está disponible desde otra dirección. Entrad a través de este enlace: ref1oct.cat», ha escrito el president, que ha añadido: «Y también la encontraréis en ref1oct.eu. Hay mucha gente accediendo de golpe a los dos dominios».
Otros miembros del Govern, como el vicepresidente, Oriol Junqueras, o el conseller de la Presidencia y portavoz, Jordi Turull, han contribuido a difundir los nuevos enlaces desde sus cuentas de Twitter.
Antes de un acto de conmemoración de la Diada en Madrid, Turull ha considerado que actuaciones como el cierre de la web son «dinámicas anteriores a la Constitución» y que «solo pasan en Turquía» y otro tipo de países antidemocráticos, pero no conseguirán parar el «tsunami democrático» del proceso independentista.
Ha añadido que la página «no ha costado un duro» porque es la que ya que se hizo para votar sobre el Estatut catalán y ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «que se documente un poco» antes de reclamar aclaraciones sobre el dinero público empleado.
El cierre de la web que informa del referéndum era una de las medidas cautelares que solicitaba la Fiscalía de Cataluña en la querella que presentó la semana pasada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern.
El TSJC acordó el pasado viernes abrir una investigación al gobierno catalán, por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, pero no ha resuelto aún sobre las medidas cautelares que le planteaba la Fiscalía.
Paralelamente, el cierre de la web del referéndum lo ha acordado el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos de la consulta desde hace meses a raíz de dos denuncias contra el juez y exsenador de ERC Santi Vidal por las revelaciones de sus polémicas conferencias.
En esas conferencias, que acabaron precipitando su dimisión como senador, Vidal explicó que el gobierno catalán disponía de una partida secreta para llevar a cabo el referéndum, lo que dio pie al juez a investigar el posible uso de fondos públicos en la preparación de la consulta.
Por orden del juez, la Guardia Civil ha interrogado en los últimos meses a cargos del Govern y funcionarios, algunos de ellos en calidad de investigados.