El Gobierno ha presentado este lunes en el TC su recurso contra la ley de transitoriedad catalana, en el que sostiene que esa norma y la del referéndum suponen «la mayor afrenta y amenaza» a las normas sobre las que se basa la convivencia en España desde 1978 y el «mayor ataque concebible» a los valores democráticos.
El pleno del Constitucional se reunirá mañana para estudiar la admisión a trámite de este recurso, lo que conllevará la inmediata suspensión cautelar de la norma aprobada por el Parlamento de Cataluña, pensada para articular la transición hacia la independencia en caso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y triunfase el sí.
El Gobierno considera que la impugnación es «imprescindible» también para «defender al propio Parlamento de Cataluña como institución democrática autonómica» frente a la «apropiación que de él pretenden un conjunto de diputados, arrogándose una legitimidad y una competencia de las que manifiestamente carecen».
Según el Ejecutivo, 71 diputados autonómicos -los de Junts pel Si y la CUP- «han abusado de forma descarada del Parlamento de Cataluña para fines espurios» al aprobar una ley que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico es «inexistente por ser de contenido imposible».