El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado este viernes admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el gobierno catalán por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre y ha acordado acumularla al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs.
En un comunicado, el TSJC ha precisado que la querella contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de miembros de Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación queda en manos de la magistrada Mercedes Armas, que instruía ya la querella contra Borràs.
El pasado 16 de mayo la Fiscalía se querelló contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación al apreciar una «voluntad rebelde» para iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum.
Aquella querella también se dirigía contra el secretario general del departamento de Gobernación, Francesc Esteve.
Por otra parte, también esta tarde la sala de admisiones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha acordado admitir la querella presentada por la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Asimismo, el TSJC ha decidido que esta querella se acumule al procedimiento abierto contra la presidenta del Parlament y varios miembros de la Mesa, que instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.
En la nota, el TSJC precisa que las resoluciones que recogen los términos de los acuerdos alcanzados esta tarde se notificarán en los próximos días hábiles.
La Sala de Admisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha reunido esta tarde de urgencia después de recibir a mediodía las querellas presentadas hoy por la Fiscalía relacionadas con las leyes catalanas de ruptura.
El Tribunal Constitucional suspendió ayer de forma cautelar la convocatoria del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las decisiones adoptadas por el Parlament y el Govern.