El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los acuerdos tomados este miércoles en el Parlament.
También reclama que el TC tome declaración a la Mesa de la Cámara para exigir responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que hayan apoyado estas decisiones para admitir a trámite la ley del referéndum.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la presentación de este incidente por vulnerarse las sentencias y autos del TC, especialmente la de febrero de este año que establecía «con absoluta claridad» la prohibición de cualquier acción que favorezca la celebración del referéndum soberanista.
También ha avanzado que si la ley del referéndum se aprueba y «culmina este atropello de la democracia, por llamarlo de una manera fina» el Gobierno planteará un recurso de inconstitucionalidad» contra esta norma, del mismo modo que si el Govern «sigue adelante» también se recurrirán las decisiones que tome.
Y en ese caso también se pedirá que se tome declaración a miembros del Govern que participen en dichas decisiones y «se deduzca testimonio de particulares» contra quienes incumplan la ley.
La número dos del Gobierno ha defendido los pasos tomados hoy porque considera que son la forma «más eficaz» de evitar que la ley del referéndum se incorpore al ordenamiento jurídico.
Especialmente dura ha sido la vicepresidenta con los avisos que ha dado a Carme Forcadell.
Tras recordar que la presidenta del Parlament ya está encausada por el Tribunal Constitucional, y subrayar que es la principal responsable de ordenar el debate, Sáenz de Santamaría le ha advertido directamente que votar esta norma tendrá «graves consecuencias».
«Lo que no sabe Forcadell es qué es una democracia y lo que demuestra es que bajo su mandato» en el Parlament «ha muerto la democracia», ha dicho la vicepresidenta.
Ha insistido además en que si finalmente se vota la norma, el Gobierno pedirá al Consejo de Estado el informe preceptivo sobre su constitucionalidad, tras lo cual presentará su recurso -acordado en el Consejo de Ministros- ante el TC.
Por su parte, fuentes del Consejo de Estado han confirmado que en cuanto se apruebe la ley y el Gobierno pida con carácter de urgencia el informe, se reunirá la Sección Primera de la institución, que preside Landelino Lavilla, encargada de redactar el dictamen.
La sección enviará entonces el dictamen a los ocho consejeros que integran la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo del Estado, que celebra mañana jueves la reunión ordinaria de su plenario y que incluiría el dictamen en el orden del día para, una vez aprobado, remitirlo de forma urgente al Gobierno.
En su comparecencia ante los periodistas en La Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que con las decisiones que está tomando el Gobierno está «defendiendo la ley en España y la democracia en Cataluña».
«Hemos puesto en marcha todos los mecanismos constitucionales para parar esta barbaridad democrática», ha recalcado la vicepresidenta, quien ha señalado también que el Gobierno garantiza que «se mantendrá la dignidad de las instituciones» ante quienes actúan de la forma «más radical» imponiendo «el silencio y la amenaza».
Que «nadie dude», ha señalado, que el Gobierno sabe lo que tiene que hacer. «Y lo haremos en cada momento», ha añadido.