El Senado pedirá este viernes que se estudien las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.
Todos los grupos presentes en la Comisión de Igualdad del Senado han suscrito un voto particular, que se aprobará mañana durante el debate del informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.
Rivas, ahora en paradero desconocido, tenía que entregar este miércoles 26 de julio a sus dos hijos al progenitor, que reside en Italia, a pesar de que éste tiene una condena por maltrato en España, al entenderse en el país de origen del padre que la madre abandonó el país de origen sin permiso con sus hijos y entender que se trata de un caso de sustracción internacional de menores.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, está suscrito por todos los grupos presentes en la Comisión de Igualdad: PP, PSOE, Podemos, ERC, PNV, CDC-CC y Agrupación Socialista Gomera (por el Grupo Mixto). De este modo, la medida se incorporará a las otras 266 que ya han sido pactadas por la ponencia. Una medida similar ya está pactada en el acuerdo que también aprobará este viernes la Comisión de Igualdad del Congreso.
Además, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en la Cámara Alta se han presentado otros nueve votos particulares por parte del PSOE y otros cuatro por parte de Podemos. Las mismas fuentes han adelantado que el texto aprobado por la Comisión de Igualdad será debatido por el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre.
En este sentido, han precisado que una vez debatidos los vetos, sin son rechazados, decaen y los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de volver a registrados para su debate en el pleno, al igual que aquellos grupos parlamentarios que no tienen representación en la Comisión de Igualdad, que también podrán registrar sus votos para el debate en pleno.
Los votos de Podemos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se refieren, por un lado, a la decisión de no abrir la ley de 2004 para todas las violencias.
«Esta Ley debiera reformarse para cubrir adecuadamente todas y cada una de las violencias machistas --a esta cobertura nos obliga el Convenio de Estambul-- y se mantiene cerrada a las relaciones de pareja o expareja, incorporando las demás violencias machistas únicamente en la parte de relato y reconocimiento, y luego como añadido, en disposición adicional», lamenta.
Además, considera «arbitraria» la distribución presupuestaria, pues «no existe cuantificación del coste estimado de cada una de las propuestas, ni calendarización de esa inversión», así como con un reparto --de los mil millones de euros a invertir en cinco años; 100 millones son para los Ayuntamientos, 500 para las CCAA y 400 para el Estado-- que «no da garantías sobre una correcta y suficiente financiación de los servicios de proximidad».
Al mismo tiempo, afirma que no se «garanticen los recursos económicos suficientes, la independencia económica, de las mujeres supervivientes a la violencia, ni el bienestar económico de las y los menores víctimas».
Igualmente, la formación ha emitido otros dos votos particulares para exigir una formación «estructural» en Igualdad y una acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez.