El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes en Barcelona que no se siente desautorizado, aunque sí «concernido», por la decisión del Tribunal Constitucional sobre el decreto de la denominada amnistía fiscal, medida que ha justificado por la «situación límite» en España en 2012.
Antes de participar en la Asamblea General de la patronal Foment del Treball, el ministro se ha referido así a la sentencia del Constitucional sobre la amnistía fiscal, que ha dicho que valorará ampliamente cuando comparezca en el Congreso.
«Que el PSOE pida mi dimisión no es una novedad. Informativamente, no creo que a ninguno de ustedes les llame la atención. No sé qué número de ocasiones ha pedido mi dimisión», ha señalado respecto a la posición socialista.
Sin entrar en el fondo de la sentencia, el ministro ha explicado que «la amnistía fiscal es una de esas decisiones de gobierno que a ninguno nos gusta tomar», pero «la vida es como es y la responsabilidad de estar en el Gobierno implica tomar decisiones que no te gustan».
Asimismo, Montoro ha querido subrayar la situación «extrema» que vivía España en 2012, y, en este sentido, ha asegurado que la crisis tan «profunda» que padecía por entonces el país «podía haber perjudicado la existencia misma de la zona euro».
En esta línea, Montoro ha recordado que en 2012 el Gobierno también se vio obligado a subir impuestos, una decisión que luego se revirtió, ha añadido.
A la pregunta de si se puede llegar a dar una amnistía fiscal, ha dicho que espera que España no vuelva a tener «nunca necesidad de ello», y ha destacado que algunos países que eran paraísos fiscales ya se han comprometido a intercambiar información tributaria.
«Es muy positivo que todos los contribuyentes que tengan bienes y derechos en el exterior los tengan correctamente declarados a la Hacienda Pública. Eso lo podremos contrastar el año que viene», ha precisado el ministro.
El Tribunal Constitucional asegura en su sentencia sobre la amnistía fiscal que no afecta a las regularizaciones en firme, que esta medida «supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos».
De esta forma, añade, se legitima «como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir».
El pasado viernes, el Gobierno respaldó públicamente al ministro de Hacienda frente a esta sentencia, mientras que el PSOE propuso que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descartó pedir una comisión de investigación.
En cuanto a la moción de censura de Unidos Podemos que se debatirá mañana en el Congreso, el ministro ha dado por supuesto que votará en contra de que Pablo Iglesias sea el próximo presidente del Gobierno.