El juez José de la Mata ha confirmado este miércoles su decisión de enviar a prisión al primogénito del clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ante el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas al haber detectado operaciones para «hacer inaccesibles los bienes» o para «obstaculizar el acceso a evidencias».
En su auto, el magistrado de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de Jordi Pujol Ferrusola contra su ingreso en prisión provisional, decretada el pasado 25 de abril, y en el que alegaba que en cinco años no se había probado que sus fondos procedan de comisiones ilegales.
Sin embargo, De la Mata se opone a que quede en libertad al haber constatado «en particular, durante el último año», que ha «continuado realizando toda clase de actividades y alcanzando acuerdos con socios, amigos y testaferros, para ocultar bienes y ponerlos fuera del alcance de los tribunales, y para dificultar el acceso a las pruebas».
Recuerda que estas circunstancias ya propiciaron en 2016 que se le retirara el pasaporte y se le prohibiera salir de España, medidas que «no se mostraron eficaces», ya que desde entonces ha continuado realizando «toda clase de actividades contables, bancarias, contractuales y societarias, reconversión de operaciones, contratos de préstamo y reconocimientos de deuda».
Además, ha estado «alcanzando acuerdos con socios, amigos y testaferros, para ocultar bienes», sostiene De la Mata, que pone como ejemplo las operaciones con el empresario mexicano Carlos Riva Palacio o con su socio argentino Gustavo Shanahan.
Y es que desde que se inició este procedimiento en 2012, Jordi Pujol Ferrusola, Júnior, «ha venido realizando un progresivo proceso de ocultación de información y evidencias, y de descapitalización de todos los activos patrimoniales y financieros que se le podían atribuir».
Recuerda el juez a este respecto que ya mencionó en el auto de prisión a modo de ejemplo la operativa desarrollada en Andorra, consistente en crear fundaciones, como Kopeland Foundation, para «añadir una capa más de opacidad a los recursos ocultos en Andorra».
A esto añade que cuando sus padres y hermanos optaron por regularizar sus bienes acogiéndose a la amnistía fiscal, Jordi Pujol Ferrusola «optó por continuar huyendo y ocultando, transfiriendo todo el dinero a México, evitando que la justicia española embargara cautelarmente» 2,4 millones.
Otras maniobras de ocultación fueron la de la compra-venta de un piso a su hija por 558.000 y la derivación de parte del patrimonio de sus sociedades a otra a nombre de su exesposa Mercé Gironès.
Niega además el juez que la investigación se centre únicamente en el delito de blanqueo de capitales y le recuerda que también está investigado por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, «y como se viene apuntando en reiteradas resoluciones, de organización criminal, sin perjuicio de ulterior calificación».