El día en el que la oposición arremetió con toda su fuerza contra la gestión que el Ejecutivo y la Fiscalía han hecho del «caso Lezo», el principal señalado, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, recibió tres los avales clave: el de su jefe, José Manuel Maza, el del ministro de Justicia, Rafael Catalán, y el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Un respaldo evidenciado en una jornada parlamentaria casi monográfica sobre corrupción y, más concretamente, sobre el «caso Lezo, con el citado Moix y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como principales protagonistas.
Ambos han recibido un nítido respaldo del Gobierno (y del fiscal general del Estado en el caso de Moix), pero también la exigencia de dimisión de los partidos de la oposición, que, en el caso del PSOE, pretende además reprobar al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
A Moix le consideran desacreditado por obstaculizar las investigaciones del caso que ha llevado a la cárcel a Ignacio González, y a Nieto por la sospecha, alentada por el escrito de los fiscales conocido ayer, de que avisó al hermano del expresidente madrileño de que estaban siendo investigados.
En el comienzo de la jornada, en la sesión de control al Gobierno, Rajoy defendió sin dudarlo a Manuel Moix, a su juicio, un «profesional con amplia y exitosa trayectoria» que actúa con «total independencia y plena responsabilidad».
Poco después fue el propio Catalá quien lo hizo en términos similares y, ya por la tarde, en una sesión monográfica sobre el asunto, José Manuel Maza, y de nuevo el ministro de Justicia.
Maza fue tajante al exponer que no piensa dimitir ni cesar al fiscal jefe al no apreciar «un solo dato objetivo» que le lleve a dudar de él. El fiscal general admitió que, antes de nombrarle, conoció una grabación en la que Ignacio González indicaba que Moix era su favorito, pero ni le extrañó ni le hizo cambiar de idea.
Maza consideró «insólito» el «manto de sospecha» con el que se juzga a la Fiscalía y arremetió contra los medios de comunicación. De hecho, una de sus propuestas es endurecer la ley para evitar que se publiquen filtraciones.
Catalá negó de nuevo interferencia alguna. «No hay quien levante un teléfono para decirle a un fiscal lo que tiene que hacer», ha aseverado. Y advirtió de que los diputados acusan al fiscal «de lo más grave» de lo que se le puede acusar, de prevaricar.