Decenas de inmigrantes dedicados a la venta ambulante se han concentrado este martes ante el Congreso de los Diputados para pedir la despenalización del 'top manta' con el objetivo de que pase a ser considerada una falta administrativa y que «nadie vaya a prisión por ganarse la vida».
En una rueda de prensa improvisada en la calle, la jurista y representante de las asociación 'Papeles por derecho', Tania García, ha denunciado la situación de los manteros y lateros que son penalizados por su actividad y también por la Ley de Extranjería, ya que cualquier antecedente penal dificulta el acceso a obtener o renovar el permiso de residencia en España.
«Unos compañeros que se limitan sobrevivir, se ven empujados a una espiral de exclusión propiciada por el propio ordenamiento jurídico», ha señalado García, quien ha definido esta situación como «inmoral», «poco ética» e «incoherente con los principios constitucionales del Estado».
Tras las palabras de García y al grito de 'Sobrevivir no es un delito' o 'Las fronteras matan', los inmigrantes concentrados han leído un manifiesto conjunto en el que solicitan regresar al año 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero despenalizó la venta ambulante de forma parcial. Esta situación cambió con la reforma del Código Penal realizada por el PP, por la que pueden ser castigados, a su juicio, de forma «desproporcionada», con una pena de hasta dos años de cárcel.
Mientras, han denunciado, la legislación española «considera una mera falta de fraude fiscal anual hasta los 120.000 euros». «Nosotros vendemos en la calle porque es la forma más honesta que hemos hallado de buscarnos la vida», apunta el documento, a la vez que señala que «no tienen muchas más opciones» ya que «el cruce entre la Ley de Extranjería, Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ordenanzas Municipales, les atrapa en un laberinto de criminalizaciones» del que les es muy difícil salir.
«En la calle nos quitan la mercancía, nos ponen multas o nos detienen por no tener papeles. Estas detenciones pueden terminar con un encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o con un juicio y condenas de hasta dos años de cárcel. Con estos antecedentes policiales y penales ya no es posible que nos concedan el permiso de residencia y, sin permiso, ya no puedes obtener un contrato», apuntan los manteros.
«Agresiones»
Esta petición de los inmigrantes también incluye el «cese de las agresiones policiales». «En algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, tanto manteros como lateros estamos sufriendo agresiones policiales de forma frecuente», señala el texto que han leído frente a las Cortes.
Según apuntan, sufren humillaciones, violencia física y abusos por parte de la policía, como, por ejemplo, que se queden con la mercancía que están vendiendo. «No podemos denunciar estos hechos porque nos da miedo acudir a una comisaría», critican, para proponer la creación de dispositivos, oficinas o teléfonos especiales donde poder dar testimonio de los abusos que, a su juicio, están sufriendo.
Este colectivo ya se manifestó el pasado mes de diciembre ante la Cámara Baja. Entonces, Unidos Podemos presentó su petición de despenalización de la venta ambulante en el registro del Congreso en forma de proposición no de ley. Ahora, según han explicado, vuelven para volver a poner el foco en el problema y recordar a los políticos su situación.