El PP no ha incorporado a su ponencia Social su oposición a la eutanasia, como sí recogió expresamente en el documento inicial que presentó al Congreso Nacional del PP del pasado mes de febrero. Este cambio en las tesis del partido, que guiará sus programas electorales, se produce en un momento en que colectivos médicos reclaman una ley que regule la atención al final de la vida.
«El Partido Popular, por otro lado, se muestra contrario a la eutanasia», rezaba textualmente en la ponencia Social que presentó en diciembre públicamente el vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto. Sin embargo, y después de enmiendas como la promovida por el PP de Fuenlabrada (Madrid), el ponente asumió dejar fuera del texto esa mención a la eutanasia.
De esta forma, el documento del PP ha quedado redactado así: «El PP considera que todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir, con el máximo respeto a su dignidad y voluntad libremente expresada, cuidados integrales paliativos de calidad. El PP defiende el testamento vital, como herramienta jurídica para expresar dicha voluntad».
Además, el PP considera que las personas que «se encuentren en el proceso de morir, si así lo desean, tienen derecho a que estos cuidados paliativos integrales se les proporcionen bien en su centro sanitario, siempre que sea posible en una habitación individual; o bien en su domicilio o en cualquier otro que designen, siempre que esta opción no esté médicamente contraindicada o el lugar elegido no reúna condicionantes para prestar estos cuidados».
Esta misma semana, la Organización Médical Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) han reclamado una Ley que regula la atención sanitaria al final de la vida que, entre otras cuestiones, incluya el derecho a la sedación, siempre que esté correctamente indicada y sin opción a la objeción de conciencia del médico.
Según ambas entidades, sus propuestas para una norma que, a su juicio, «no admite más demoras» ante la actual desigualdad en la prestación de cuidados paliativos que hay en España, «tanto entre las comunidades autónomas como dentro de cada una de ellas». Así, argumentan que cada año en España hay 225.000 pacientes y sus familias que necesitan atención paliativa y, de éstos, unos 50.000 están «muriendo con sufrimiento evitable» porque no los reciben.