El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad anular la resolución para convocar un referéndum soberanista en Cataluña y denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros soberanistas de la Mesa, por haberle desobedecido al aprobar dicha convocatoria.
De manera exacta, lo que el Constitucional ha hecho ha sido aceptar el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno contra la resolución del Parlament que preveía la futura convocatoria de una consulta independentista, resolución que ya había suspendido cautelarmente y que ahora anula de manera definitiva.
En el planteamiento del incidente, el Gobierno ya pedía que se denunciara a los responsables de la resolución, petición que también hizo el fiscal y que ha adoptado el TC.
Y, así, aunque el TC no entra a decir si existe o no delito, a raíz de su «deducción de testimonio», el fiscal presentará una querella, en los próximos días, con toda probabilidad, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet Y Ramona Barrufet.
Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta independentista.
El TC, además, ha apercibido a los ya citados, pero también al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales.
Literalmente, el pleno ha acordado «deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder» a los ya citados.
Considera que podrían haber incumplido «el mandato» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».
En otras palabras, ha denunciado ante el fiscal una posible desobediencia a sus sentencias por parte de los responsables públicos del Parlament antes citados.
Junto a ello, ha anulado, por ser contrarias a la Constitución, los apartados de la resolución 306/XI del Parlament titulados «Referéndum» y «Proceso Constituyente», incluidos en el título «El futuro político de Cataluña».
Además, notifica la resolución personalmente a la presidenta de la cámara y demás miembros de la Mesa, pero también al presidente de la Generalitat y a los demás miembros de su Gobierno «con la advertencia de abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento» a la resolución anulada.
Asimismo, les advierte «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de los apartados» de la resolución del Parlament declarados inconstitucionales.
De no hacerlo, les señala el TC, podrían incurrir en responsabilidad penal.
El alto tribunal suspendió cautelarmente, el pasado 14 de diciembre, la resolución del Parlament de Cataluña que prevé un referéndum en 2017, al admitir a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión.
En aquel trámite, el TC pidió alegaciones al ministerio público y a los afectados, es decir, Carme Forcadell, como presidenta del Parlament, y los miembros de la Mesa que tramitó la convocatoria.
El fiscal pidió al TC que promoviera acciones penales contra los citados. Por su lado, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro diputados soberanistas de la Mesa de la cámara (quedan excluidos el representante del PSC y el de Ciudadanos) alegaron que, si se les obliga a «censurar» resoluciones por su contenido independentista, «la democracia desaparece».