El juez Eloy Velasco ha abierto una causa contra el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora Pilar Barreiro, a quienes acusa de los delitos de cohecho, fraude y revelación de información por su presunta participación en la trama de Púnica en esta comunicad autónoma.
Sánchez, quien fue consejero de Educación, y Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, son dos de los 22 investigados que figuran en el auto mediante el cual el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco conforma la pieza sobre la red Púnica en Murcia, la tercera de las catorce en que ha dividido esta trama.
El magistrado atribuye a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin mejorar su reputación para postularse a presidente de la región.
Mientras que a Barreiro le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación.
Pero también por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.
Ahora bien, Velasco precisa que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia) debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, «su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada».
Otros implicados
Junto a Sánchez y Barreiro, el juez incluye en el procedimiento a De Pedro, al exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Juan Carlos Ruiz López y al exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras.
También figuran Jose Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; David Conesa, el que fuera jefe de gabinete del actual presidente de la región; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, además de otros directivos y funcionarios.
El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.
Igualmente, también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic
De todo lo investigado en Murcia, el magistrado afirma que en septiembre de 2014 Alejandro de Pedro y Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, acordaron realizar trabajos en Internet y redes sociales que mejorasen su reputación ya que «pretendía convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia».
Tales trabajos «serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación e incluirían también la retribución por los trabajos de reputación» para Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.
Este modo de actuar era similar al empleado meses antes por De Pedro y Jose Antonio Alonso Conesa para sufragar trabajos de reputación al exconsejero Juan Carlos Ruiz López, quien también perseguía postularse como candidato a presidente de la región.
El contrato de Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding «Pedro Antonio Sánchez», creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, 1 periodista e informes mensuales.
Todo ello con un coste de 4.600 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, el periodo previo a la campaña electoral de ese año y se facturarían como «formación». Pero estas cantidades, señala el auto, no se llegaron a cobrar porque la Púnica estalló a finales de octubre.