Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados a 13 años de prisión, y Álvaro Pérez «El Bigotes» a 12 años, en la primera sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel, en la que la exconsellera Milagrosa Martínez (PP) ha sido condenada a 9 años.
Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria Fitur entre 2005 y 2009, etapa de gobierno de Francisco Camps, también han sido condenados a penas de prisión otros responsables de la red Gürtel, como Isabel Jordán (6 años), Cándido Herrero (4 años y 4 meses) y Mónica Magariños (3 años).
El exjefe de gabinete de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, también ha sido condenado a 6 años de prisión, mientras que los ex altos cargos de esta Conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau han sido condenados a 7, 4 y 3 años, respectivamente.
La exconsellera de Turismo Angélica Such, que sucedió a Milagrosa Martínez cuando esta fue nombrada presidenta de Les Corts Valencianes, ha sido absuelta, al igual que el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover.
En la sentencia, de 558 páginas, se condena a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse, aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.
Asimismo, se concluye que entre 2005 y 2009 la Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.
El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.
La sala entiende que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.
También que las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros.
De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.
Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y Vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que «no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa».
Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.