El Pleno de la Asamblea de Madrid ha propuesto este jueves al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y al magistrado Ricardo Enríquez para ocupar dos de las cuatro vacantes para el Tribunal Constitucional, que serán asignadas en última instancia por el Senado.
Lo ha hecho con los votos a favor de PP (que propuso a Ricardo Enríquez) y PSOE-M (a Cándido Conde-Pumpido), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque están a favor de una justicia «despolitizada».
Ha asegurado que no tienen «nada en contra» de los candidatos propuestos pero sí del proceso, «de cómo han repartido y siguen repartiendo jueces», en alusión a los dos grandes partidos.
Desde Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, ha lamentado que sólo se hayan propuesto hombres en lo que ha calificado como un «pacto precocinado de la gran coalición de intereses» que representan, en su opinión, el PP y el PSOE.
El portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha animado a Podemos y Ciudadanos a renovar por la vía del Estado de derecho el procedimiento vigente para renovar miembros del Tribunal Constitucional si no están de acuerdo con él.
«Mientras no esté modificado, no pueden hacer dejación de sus competencias, de sus obligaciones», ha sostenido.
El portavoz adjunto del PSOE-M, José Manuel Franco, ha respondido a la portavoz de Podemos que habría tenido «oportunidad de reivindicar el feminismo proponiendo a una candidata» y ha sostenido que con la votación de hoy están haciendo «simplemente una propuesta» para renovar miembros del Tribunal Constitucional.
Este viernes se cumple el plazo para que los parlamentos autonómicos terminen de enviar sus propuestas de candidatos a renovar el Tribunal Constitucional, cuatro magistrados que serán designados por el Senado y sobre los que el PP y el PSOE han llegado a un principio de acuerdo.
El artículo 159 de la Constitución establece que de los doce miembros del Tribunal Constitucional cuatro serán propuestos por el Congreso y otros cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría reforzada de tres quintos.
Para que la Cámara alta elija a los suyos, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen la posibilidad de presentar dos candidatos.