La Fiscalía ha mantenido su petición de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al seguir adelante con el 9-N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).
En el trámite de conclusiones, que inicia la recta final del juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevado a definitiva su petición de condena, mientras las defensas mantienen su solicitud de absolución para Mas, Ortega y Rigau al sostener que no desobedecieron al TC.
Por su parte, la acusación popular, que ejercen los sindicatos policiales SPP y UPF y Manos Limpias, reclama finalmente una condena de doce años de inhabilitación para los tres acusados, tras retirar la pena de seis años de cárcel que al principio planteaba para ellos, dado que el TSJC ya descartó que los encausados incurrieran en un delito de malversación, que a diferencia de la prevaricación y la desobediencia sí está castigada con penas de prisión.
Tras escuchar la declaración de los acusados y de los testigos que en los últimos cuatro días han desfilado ante la sala del TSJC que juzga el 9-N, la Fiscalía ha anunciado que mantiene su petición inicial de penas, que en el caso de Mas es de diez años de inhabilitación para cargos públicos y funciones de gobierno, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal.
El mismo tipo de inhabilitación, en este caso de nueve años, ha pedido el ministerio público para Ortega y Rigau, a las que considera cooperadoras necesarias en los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional de que se acusa a Mas por mantener la consulta soberanista de 2014 tras la suspensión.
En su escrito de acusación, que hoy ha elevado a definitivo, la Fiscalía sostiene que los encausados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión de la consulta del 9N», siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento de las órdenes del Tribunal Constitucional».
En el penúltimo día del juicio han declarado ante el tribunal cinco voluntarios propuestos por la defensa de Joana Ortega, quienes han coincidido en desvincular a la Generalitat de la organización de la votación, aunque han dicho no saber o no recordar otros detalles relativos a la logística de la jornada de votación.
En ese sentido, los voluntarios han sostenido que en los puntos de votación no había ninguna autoridad de la administración catalana y que, cuando el 9N abrieron los locales que albergaban las urnas, encontraron el material empleado para la votación en su sitio, sin que supieran quién y cuándo lo había distribuido.
Según los voluntarios, tampoco existía ningún teléfono al que llamar en caso de incidencias técnicas en el transcurso de las votaciones y desconocían quién gestionaba el único número que les facilitaron para informar de la participación y del escrutinio.
Los testigos -entre ellos una alcaldesa, la exdiputada de ERC Gemma Calvet y el exeurodiputado de CiU Joan Vallvé- han insistido en que la organización de la jornada de votación «descansó» exclusivamente en los voluntarios y en las entidades soberanistas, Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Catalana (ANC).
En la sesión de este jueves se ha expuesto la única prueba pericial del juicio, un informe elaborado por la Guardia Civil sobre el programa informático empleado en la votación y sobre la web 'participa2014.cat', que la Generalitat montó para organizar la consulta del 9N.
Contrariamente a lo manifestado en el juicio por el excoordinador del 9N, Joan Cañada, que aseguró que era «técnicamente imposible» desactivar la web de la consulta tras la suspensión, los agentes de la Guardia Civil han certificado que era viable hacerlo, pese a que estuviera duplicada en distintos servidores.
Según los guardias civiles que confeccionaron la pericial, de haberse desactivado la web, ningún internauta habría podido acceder a la misma a través de la dirección original y solo se habría podido localizar una de sus réplicas conociendo de antemano la dirección de la copia, aunque estas no permitirían interactuar.
Tal y como está programado, el juicio quedará mañana visto para sentencia con la exposición de los informes finales de las partes, tras lo que los acusados tienen previsto dirigirse al tribunal, en su derecho a hacer uso del último turno de palabra.