El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha denunciado las «violaciones sistemáticas» que han hecho y hacen de la Constitución los gobiernos del PP y del PSOE, y ha defendido que se respete su articulado como «punto de partida» para una Carta Magna «mejor».
Así se ha expresado el dirigente de Podemos (en ausencia de su líder, Pablo Iglesias) en declaraciones a los medios antes de asistir al acto de conmemoración de los 38 años de Constitución, que se celebra en el Congreso.
Ha comenzado así su intervención: «Frente a aquellos que se autoproclaman constitucionalistas, hay que decir en primer lugar que son los mismos que violan diariamente buena parte de los artículos de la Constitución».
Echenique ha citado los del derecho al trabajo, a la remuneración adecuada, a la vivienda digna o a las pensiones.
En esta línea, ha incidido en que la Constitución vigente hay que plantearla cara a una futura y necesaria reforma como «punto de partida», y no «como una suerte de jarrón chino que no se puede tocar».
En países del entorno europeo, singularmente en Alemania, la Constitución se ha cambiado «unas 60 veces» en los últimos años, pero en España sólo se han llevado a cabo dos puntuales reformas, y una de ellas, en 2011, para «meter la marca de ganado de los bancos extranjeros».
No se dio prioridad entonces, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, a la ley de Dependencia, a la sanidad o a la educación, sino a los intereses del «Deutsche Bank».
Podemos aboga, en consecuencia, por cambiar la Constitución de acuerdo con los nuevos tiempos y respetar su articulado mientras tanto, no «violarlos sistemáticamente como han hecho los gobiernos del PP y del PSOE», ha asegurado el diputado autonómico aragonés.
A su lado, la secretaria general del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, ha desgranado qué nueva Constitución quiere Podemos: sustentada en el blindaje de los derechos sociales y en la protección de que la gente tenga cubiertos los servicios de «calefacción y agua caliente».
Y también en el derecho a que «las distintas nacionalidades que conviven» en España «expresen cómo quieren articularse y relacionarse» con el resto del país. En suma, una Constitución que «recupere la soberanía para la gente».