El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha defendido este martes en la Audiencia Nacional que los gastos efectuados a través de las polémicas tarjetas «opacas» estaban sujetas a su saldo contra la entidad, la cual actuaba de acreedora.
Así lo ha asegurado Rato a su defensa, a quien ha reconocido que no modificó el sistema retributivo de la caja hasta finales de 2011 «cuando la entidad dejó de existir», aunque ha negado que «ningún departamento interno o autoridad externa» comunicase jamás irregularidad alguna en las retribuciones que «creía y creo eran legales, transparentes y ampliamente conocidas».
El que fuera director gerente del FMI, acusado junto a otros 64 usuarios de apropiación indebida continuada, ha incidido en que las tarjetas no podían esconderse al ser «nominativas y por tanto, totalmente transparentes», y ha reiterado que eran un medio con el que «ganar liquidez» y no un complemento retributivo, ya que su salario como presidente «venía prefijado por la ley».
En este sentido, Rato también se ha referido a la retribución percibida durante los últimos años al frente de la entidad, y ha reconocido que en 2012 tenía devengado «un salario importante del 2011» como creador de Bankia, periodo por el que más tarde tuvo que responder ante el nuevo equipo del banco.
«Yo recibo una llamada telefónica de Bankia en la que me dicen que los gastos realizados en 2011 no estaban bien sostenidos y que los personales que creía neteados contra mi indemnización tampoco», ha señalado.
Asimismo, ha añadido que «como no tenía intención de discutir con Bankia sobre temas de dinero, pregunté cuánto era y lo ingresé», antes de recordar, con cierto aire de reproche al banco, que renunció de forma voluntaria a la indemnización tras dimitir en mayo de 2012.
Tras el interrogatorio de su abogado, Rato ha vuelto al banquillo de los acusados después de cerca de dos horas en las que también ha respondido a las cuestiones planteadas por el fiscal Alejandro Luzón, a quien ha señalado que el sistema de las tarjetas era perfectamente legal.
En las postrimerías de su intervención, el fiscal, que pide cuatro años y medio de cárcel para Rato, ha puesto énfasis en el último informe de remuneraciones de Caja Madrid que nunca llegó a aprobarse ni fue a la Asamblea General, y le ha preguntado que si las tarjetas «eran tan conocidas» por todos, cómo no figuraban en este documento.
El expresidente de la entidad, que ha dicho no conocer este papel, ha reiterado que la responsabilidad recaía en la secretaría general, la cual incorporaba además el área de fiscalidad, encargada de inspeccionar «de forma repetida» estos gastos.
«Nunca, le di ninguna instrucción sobre estas tarjetas a ninguno de los dos secretarios generales que tuve (Enrique de la Torre e Ignacio de Navasqüés) ya que me pareció que sus informes eran exactos», ha señalado Rato.
En este sentido, el fiscal ha afeado que se ampare en la responsabilidad de las personas que prepararon estos documentos y no en la del consejo de administración, que debió revisar el contenido de éstos antes de proceder a su aprobación.