El portavoz de la antigua Convergència (CDC) -ahora Partit Demòcrata Català (PDC)- en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, ha asegurado que la sentencia que resulte de su implicación en la consulta del 9-N «está dictada» y que existe una actividad gregaria entre Gobierno, Fiscalía y jueces instructores respecto a esta causa.
En rueda de prensa en la que ha comparecido arropado por la plana mayor de su partido, ha explicado que ha mantenido un «debate vivo» con el magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, que le ha interrogado en el marco de la investigación de la consulta en Cataluña, la cual ha calificado de «claramente legal».
En concreto ha dicho que se trata de un asunto «precocinado» y que tiene la sensación de que todo esto se enmarca dentro de un proceso político «donde el derecho se utiliza como pretexto». «Lo se quiere es otra cosa y los argumentos jurídicos importan lo que importan porque lo relevante es seguir el hilo gregario de lo que ha establecido el PP por el Gobierno, acto seguido la Fiscalía y acto seguido la instrucción», ha señalado.
El portavoz parlamentario del PDC ha añadido que «políticamente» no va a acatar las decisiones que se tomen en el marco jurídico. Añadió que si lo que intentan algunos es amedrentarles «no han entendido nada». «Justo lo contrario, la sensación que tengo es que este no es tema personal. Igual pueden tumbar a uno pero no puede servir de nada porque yo sólo soy un pretexto. Con la fuerza puedes imponer muchas cosas pero no puedes convencer jamás a que cambien sus ideas», ha afirmado.
Fiscalía, el «brazo armado» del Gobierno
Homs, acusado de presunta desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, ha prestado declaración ante el magistrado aunque se ha negado a responder a las preguntas del fiscal porque, dice, ha perdido «la fe» en el Ministerio Público, que ha calificado de «brazo armado» del Gobierno en esta cuestión.
Al respecto, ha argumentado que la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 2014 es contradictoria con la decisión inicial de los fiscales catalanes que no veían caso y que ésta cambió «de cabo a rabo» su juicio de los hechos en la medida de si eran o no constitutivos de delito, algo que califica de «escandaloso» y que pone de manifiesto que las instituciones «hacen seguimiento y seguidismo» de lo que pasa en Cataluña.
Preguntado por la misiva
Precisamente se ha basado en la postura de los fiscales catalanes para defender que no ve delito en la carta con la que respondió a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones del 9-N, y con la cual el Ministerio Público consideró que el exconseller de Presidencia tuvo un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria.
En dicha misiva, no solo legitimó la continuación de los servicios sino que advirtió de «las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista» ya que puso a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.
Homs ha dicho al respecto que era «público y notorio» lo que estaban organizando y ha explicado además que hubo un error en su citación para declarar ante el Supremo ya que se le advertía de que podría ser detenido si no se presentaba ante el magistrado, un hecho que, según defiende, no se puede dar debido a su condición de aforado.
El exconseller ha comparecido ante la prensa respaldado por la misma comitiva que esta mañana le acompañaba a las puertas del Tribunal Supremo y que estaba integrada por expresidente de la Generalitat Artur Mas, así como la vicepresidenta del PDC, Neus Munté; la coordinadora general del partido, Marta Pascal; exconsejeros como Irene Rigau, Santi Vila, Meritxell BorrÃñs, el presidente del Grupo Parlamentario de Junts Pel Sí, Jordi Turull, o el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, entre otros representantes institucionales del partido.