Expertos alertan de que «muy pronto» se podrá hablar de la «década perdida» de la Universidad española por los recortes y la reducción de la inversión de la que «no existen precedentes», principalmente en el periodo 2009-2014, y la falta de normativa que elimine las barreras para que los centros universitarios decidan dónde emplear los fondos públicos.
Esta es una de las principales conclusiones del XII Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo CYD 2015, que señala que a pesar de la mejora de la situación de España en términos de crecimiento del PIB, ésta «no se ha visto reflejada en el comportamiento de indicadores claves de la actividad de las universidades españolas y, singularmente, en las públicas».
La reducción de los fondos desde 2008 a 2014 asciende, según el coordinador del informe, Martí Parellada, a 1.900 millones de euros y advierte de que si esto no se hubiera producido, en 2014 las universidades habrían contado con 6.000 millones de euros adicionales.
«La Universidad española se aleja de la europea y para ello hay que aumentar los ecosistemas y rebajar la barreras legislativas para que las universidades pongan el dinero donde toca», ha afirmado el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé.
Este recorte de fondos se ha visto compensado con un aumento de los precios de matrícula, especialmente tras el decreto de racionalización del gasto educativo del Gobierno aprobado en 2012, que, según el coordinador del informe, puede estar relacionado con la reducción del alumnado matriculado en las universidades públicas.
AUMENTA EL PRECIO Y LA DEMANDA DISMINUYE
En este sentido, ha indicado que desde el curso 2011-2012 hasta el 2014-2015, el número de alumnos ha caído en términos absolutos en 100.000. Aunque ha indicado que existe una disminución de la población entre 18 y 21 años, también ha subrayado que esto puede ser consecuencia, en parte, del aumento de las tasas. «Si se aumenta el precio sistemáticamente la demanda disminuye», asevera el coordinador del documento.
«Todavía faltan tres años para que concluya la década y aspiramos a no tener que decirlo (década perdida), pero la situación no acompaña porque la principal administración pública de las universidades son las comunidades autónomas y no es previsible que en los presupuestos de 2017 haya cambios importantes», ha afirmado el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé Parellada.
Pese a esta situación, los responsables de este estudio subrayan que las universidades han mantenido sus esfuerzos en investigación, donde se mantienen «robustas». Sin embargo, sostiene que si no se da «un golpe de timón» el sistema de investigación podría verse afectado en los próximos años. «La universidad ha resistido a la crisis con un esfuerzo digno de subrayar», ha añadido.
SE MANTIENE LA INVESTIGACIÓN
«Vistos los números, vemos que el daño no es irrecuperable, sobre todo por los grupos de investigación que son los 'outputs' más importantes, pero si eso continúa, podremos empezar a tener problemas», ha alertado el vicepresidente de la fundación CYD, que ha insistido en que «hay que aumentar los recursos y rebajar las barreras legales».
El coordinador de este informe anual ha precisado al respecto que las publicaciones científicas han aumentado del 3,3% al 3,6% entre 2012 y 2014, algo atribuible a la universidad, que en España es la responsable del 70% de las mismas.
También las patentes y los ingresos por las mismas han ido en aumento en este periodo, pero los contratos de investigación de las empresas con las universidades durante la crisis han bajado un 40% entre 2008 y 2014, ya que se ha pasado de 700 millones de euros a 450.
Otra de las consecuencias de la disminución de los fondos es la bajada de casi el 7% del profesorado universitario entre 2009 y 2014, ya que este colectivo ha pasado de algo más de 100.000 personas a 94.352. Una disminución, que, según los autores, contrasta con el «ininterrumpido crecimiento» de la primera década del siglo XXI.
MÁS RECURSOS Y MENOS BARRERAS
Como conclusión, los autores del estudio señalan que es imprescindible el aumento de los recursos para reducir la distancia con las universidades del entorno más cercano, es decir, las europeas y dotar al sistema de educación superior de reformas legislativas que le permitan «más capacidad de creación de valor».
En este sentido, han indicado que durante la legislatura 2011-2015 la producción legislativa ha sido «muy reducida» y se ha limitado al decreto de racionalización del gasto público en educación, que permitió el aumento de las tasas, así como el '3+2', que posibilita la oferta de grados de tres años de duración. Ninguna de estas dos medidas son, para estos expertos, de calado para que la Universidad española pueda seguir avanzando.