Los cuatro acusados por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la Fundación Cela han acudido este jueves al juzgado de Padrón (A Coruña) que ha instruido la causa a recoger el auto en el que se les notifica que serán juzgados por un juzgado popular.
Los cuatro acusados son la viuda de Camilo José Cela, la periodista Marina Castaño, el exconselleiro de Presidencia de la Xunta Dositeo Rodríguez, su hija Covandonga Rodríguez y el exgerente de la fundación Cela Tomás Cavanna.
Marina Castaño, que fue la última en acudir a recoger su notificación, accedió al juzgado de Padrón acompañada de su letrado y sin hacer declaraciones a los medios, al igual que Tomás Cavanna, que tampoco respondió a las preguntas de los medios.
Marina Castaño, viuda del premio nobel Camilo José Cela, deberá responder así en un juicio, que se dirimirá con jurado popular, su gestión en la Fundación Cela, en calidad de imputada por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude con las subvenciones y apropiación indebida.
La periodista, y los otros tres investigados en una causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel.
Sin embargo, el letrado que se encarga de la defensa de Dositeo Rodríguez y de su hija Covadonga, Evaristo Nogueira, ha reiterado la petición de «sobreseimiento» de la causa.
En declaraciones a los medios después de que sus patrocinados recibiesen la notificación, ha explicado que el trámite de la mañana de este jueves corresponde con la primera fase procesal que conlleva la ley del jurado, «una praxis normal» pero que él considera inoportuna al entender que este caso no debería dirimirse con jurado popular.
Ha señalado que en la jornada de este jueves el Ministerio Fiscal mostró las motivaciones de la imputación, mientras que las respectivas defensas mostraron su «posición (contraria) a esa imputación».
Entienden así que este procedimiento «no tiene recorrido» ya que la Xunta de Galicia «no se ha personado como perjudicada», un aspecto que es «importantísimo» ya que «avala la tesis» de sus defendidos que asegura que todo «se ha pagado siempre con el beneplácito y visto bueno» de la Administración pública.
El Ejecutivo gallego -ha remarcado- no se considera «en ningún momento perjudicado por malversación de caudales».
Una situación que en opinión del letrado debería «producir un sobreseimiento de la causa», aunque no descarta que sí se produzca la apertura de juicio oral.
«Hablar de plazos en estos temas siempre da inseguridad», ha explicado cuestionado sobre la fecha en la que podría celebrarse la vista oral, que se llevaría a cabo en la sección de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela.