Compromís ha denunciado este lunes que la Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón encabezada por Carlos Fabra pagaron diez millones de euros «a dedo» -mediante convenio y no por concurso público- y con reparos de la Intervención a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por una testaferro de Francisco Granados y considerada parte de la trama Púnica por los investigadores judiciales, por organizar entre 2008 y 2011 un torneo de golf en Castellón.
Así se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso Compromís gracias a la petición de documentación formulada por el diputado autonómico y alcalde de l'Alcora, Víctor García, que revelan, según ha denunciado la coalición en un comunicado, que la adjudicación a la empresa de la Púnica fue ejecutada «a dedo» y obtuvo el reparo de la Intervención de la Generalitat, que advirtió, además, de que fue aprobada sin los informes preceptivos que exige la ley.
Compromís ha explicado que, según esta documentación, el Gobierno de la Generalitat valenciana presidido por Francisco Camps, junto a la Diputación de Castelló de Carlos Fabra, pagaron diez millones de euros de dinero público a la empresa Match Golf Consulting, dirigida por la testaferro de Granados, María José Marijuán, entre los años 2008 y 2010.
El contrato, ha añadido la coalición, también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, que según fuentes del caso ascienden a otros tres millones de euros.
Los pagos de las dos instituciones del PP dirigidas por Camps y Fabra, a la empresa considerada por los investigadores como parte del entramado de la operación Púnica, se produjeron para organizar el torneo de golf Castelló Masters Costa Azahar, que se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra, en la localidad de Borriol.
Según Compromís, Francisco Camps y Carlos Fabra «utilizaron la misma fórmula que supuestamente se utilizaba en otros casos de corrupción como en 'Nóos' para eludir los concursos públicos: utilizaron el convenio en lugar del contrato público para emplear a Match Golf Consulting».
«Y se optó por este mecanismo pese a todos los reparos manifestados tanto desde la Abogacía de la Generalitat, como desde la Intervención de la misma», ha destacado la coalición, que ha indicado que esta última advirtió además de que no se habían emitido «los informes preceptivos» exigidos por la ley, «previos a la aprobación por parte del Gobierno valenciano del convenio de referencia».
Según la documentación, el convenio firmado inicialmente en 2008 por la entonces consellera de Cultura, Trini Miró; el que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; y por la testaferro de Granados, María José Marijuán; establecía que la Generalitat y la Diputación aportarían dos millones de euros al año en concepto de patrocinio, pero «ante la ausencia de benefactores privados, pese a los proclamados réditos económicos del torneo, al año siguiente incrementaron en un millón de euros más su aportación de forma anual».
«Problema sistémico»
El cabeza de lista de Compromís-Podemos-EUPV 'A la Valenciana' al Congreso por València, Joan Baldoví, ha subrayado que «resulta evidente que la corrupción en el PP no es una cuestión de ladrones puntuales, sino un problema sistémico».
Por este motivo, «además de dar la cara Rajoy, urge una regeneración de las instituciones y eso pasa por llevar al PP a la oposición», ha manifestado Baldoví, quien ha destacado que Compromís «ha colaborado en sacar a la luz los contratos que evidencian una conexión directa entre el Consell del PP de Camps y una empresa de la señalada judicialmente como testaferro de Granados, María José Marijuán, en una clara conexión de la Púnica con el PP valenciano».
Asimismo, la número uno de la candidatura 'A la Valenciana' por Castellón y miembro de Compromís, Marta Sorlí, ha manifestado que «en una semana en la que en Castellón hemos conocido un supuesto pufo de 25 millones de la etapa del PP en el Hospital Provincial, a nadie le sorprende que en la época de Fabra y Camps el dinero público acabase en manos de tramas supuestamente corruptas».
En este sentido, Sorlí confía en que «se acabará demostrando que quienes acusan a la ciudadanía de haber vivido por encima de sus posibilidades, en realidad lo que presuntamente han hecho es saquear por encima de las posibilidades a la ciudadanía».