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Operar drones cerca de aeropuertos conlleva multas de hasta 225.000 euros

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha cerrado una treintena de expedientes sancionadores por el uso de estos dispositivos. | Javier Coll

| Madrid |

Las operaciones de aeronaves civiles pilotadas por control remoto o drones en el entorno de los aeropuertos son consideradas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) una infracción «muy grave», y puede ser sancionada con multas de entre 90.000 y 225.000 euros.

El sábado pasado, tres drones operaban a unos 900 metros de altura en el entorno del aeropuerto de Bilbao y obligaron a un piloto de un avión procedente de Fráncfort a maniobrar para esquivarlos y evitar un posible impacto, ha informado el Colegio Oficial de Pilotos (Copac).

Sin embargo, Aesa ha comentado que no tiene constancia de denuncia alguna por estos incidentes.

La Agencia Estatal ha recordado que la normativa temporal vigente desde julio de 2014 que regula las operaciones con drones prohíbe a estos aparatos operar en el entorno de los aeropuertos y aeródromos.

Además, si el dron excede los 25 kilogramos (solo hay 5 aparatos de este tamaño en España y aún en proceso de certificación) solo podrá operar a una distancia mínima de 8 kilómetros respecto de cualquier aeropuerto o aeródromo.

Aesa, que en estos momentos tramita muchas denuncias sobre drones, ha cerrado ya 35 expedientes sancionadores relacionados con operaciones irregulares en España, cuyas multas suman una cuantía total de 240.000 euros.

La normativa vigente señala que los drones solo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o en espacio aéreo no controlado a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 120 metros.

Además, todas las aeronaves civiles pilotadas por control remoto deberán llevar fijada a su estructura una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible a simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave.

También deberán indicar el número de serie, así como el nombre de la empresa operadora y los datos necesarios para ponerse en contacto con la misma.

Este organismo tiene ya ultimada la redacción de la nueva normativa y está entregada al Ministerio de Fomento para su publicación. Esta nueva norma no verá la luz hasta la configuración del nuevo Gobierno.

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