El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, expondrá este viernes en persona a las comunidades sus medidas para combatir el déficit autonómico y cuadrar las cuentas, en una reunión en la que la mayor parte de las autonomías hará patente su negativa a efectuar nuevos recortes.
Será en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el máximo órgano de coordinación de las políticas fiscales, que preside Montoro y al que asisten los responsables económicos de las comunidades.
El orden del día del encuentro incluye una exposición del ministro sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto por parte de las comunidades el año pasado, y la evolución fiscal del periodo 2011-2015.
También se presentará un informe sobre las medidas a adoptar para cumplir la recomendación de la Comisión Europea sobre reducción del déficit y se explicará la creación de una comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica.
Y Hacienda expondrá otro informe sobre el desarrollo del acuerdo adoptado en 2012 en materia de reordenación y racionalización del sector público instrumental autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo.
Es el primer encuentro tras conocerse los datos de déficit de 2015, que las comunidades cerraron en el 1,66 por ciento, y no en el 0,7 por ciento pactado, y justo en medio de la presentación de los planes de ajuste que requiere Hacienda a las comunidades para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de este año y de otras medidas para evitar la demora en el pago a proveedores.
Montoro instó a las autonomías incumplidoras del déficit a aprobar en sus respectivos consejos de gobierno la no disponibilidad de gasto y ha mostrado su confianza estos días en que «el mensaje dominante» de la reunión sea un compromiso con la contención del déficit.
Aunque estos días el ministro ha insistido en que sus planes contra el déficit no significan que las comunidades deban hacer más recortes, sí ha recalcado que la estabilidad presupuestaria es una ley que «va a cumplir todo el mundo».
Sin embargo, sus medidas han provocado la respuesta, a veces enojada, de la mayor parte de las comunidades, incluidas algunas de las gobernadas por el PP como Castilla y León, que es una de las más beligerantes y cuyo presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, ha avisado con defender los intereses de su región incluso «en términos jurídicos» si es necesario.
También están molestas las gobernadas por el PSOE, y más después de que Hacienda anunciara que iba a retener tributos a Extremadura y Aragón por excederse en el periodo medio del pago a proveedores y amenazar a Balears.
El presidente aragonés, Javier Lambán, quiere organizar una «respuesta contundente» contra los recortes «draconianos» de Montoro, y la consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha propuesto este jueves a las comunidades fijar este viernes «una posición común para hacer frente a la decisión injusta y arbitraria» del Gobierno de Mariano Rajoy con respecto al déficit.
Desde Catalunya, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha tildado de «sencillamente inaplicable» la exigencia de «no disponibilidad de crédito» y ha negado que esté «plantando» a Montoro por no acudir mañana al CPFF, al que asistirá el conseller Raül Romeva.
Preguntado en varias ocasiones por si la Generalitat aprobará esa medida, Junqueras se ha limitado a asegurar que el ministerio no ha facilitado ni los criterios ni las cifras necesarias para adoptarla, por lo que es «imposible» llevarla a cabo.
«No se puede tomar una medida sobre una cantidad que nadie te especifica, con unos criterios no especificados y con unas referencias cuantitativas que son simples estimaciones», ha dicho.
Más coincidencia hay en cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, que disgusta a las quince comunidades de régimen común -todas excepto el País Vasco y Navarra- y, de hecho, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó crear un comité de expertos para una revisión que tenía que haberse acometido ya en la pasada legislatura.
En cuanto al FLA, de las once autonomías que han solicitado la adhesión -Madrid ha declinado finalmente acogerse-, diez se han visto obligadas a actualizar el plan de ajuste en vigor (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, Murcia, Aragón y Cantabria), mientras que La Rioja debe presentar un nuevo plan de ajuste.
Para las comunidades cumplidoras del objetivo de déficit en 2015 -Canarias, Galicia y País Vasco-, Montoro estudia alguna medida más ventajosa, que podría pasar por mantener un interés cero para los fondos de liquidez y de facilidad financiera.