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Podemos mantiene la celebración del referéndum en Catalunya en su propuesta de gobierno

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias muestra el documento con su oferta de programa de gobierno de coalición con el PSOE. | Javier Lizón

| Madrid |

Podemos ha incluido la celebración de referéndum en Catalunya en su propuesta de gobierno de coalición que ha trasladado al PSOE para que sus ciudadanos puedan ejercer el «derecho a decidir» sobre el futuro político de la comunidad. Un documento que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado este lunes, misma jornada en el que el presidente del Congreso, Patxi López, ha anunciado que el pleno de investidura será el 2 de marzo.

Dentro de los ejes programáticos para la conformación de un Gobierno «de cambio» aparece un apartado dedicado a la plurinacionalidad y el modelo territorial, en el que, entre otras medidas, la formación de Pablo Iglesias apunta a la necesidad de modificar el artículo 2 de la Constitución en aras del reconocimiento de la realidad plurinacional y a la celebración de la consulta en Catalunya.

Es una consulta que, según apuntan, deberá contar «con todas la garantías democráticas, jurídicas y logísticas» que «permite y ampara» el artículo 92 de la Constitución española, que establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum».

Según especifica el partido de Pablo Iglesias, la pregunta de este referéndum debe ser «única y clara» y tener como objetivo fijar la posición de la ciudadanía catalana sobre el futuro político de Catalunya.

La propuesta de Podemos aboga por impulsar el proceso de referéndum en Catalunya como objetivo «en la primera etapa de gobierno» y los otros procesos de consulta y referéndum en aquellas «naciones» que lo hayan planteado «con especial intensidad», sin citar a ninguna en concreto.

SE HAN «INSPIRADO» EN EL PSC

En rueda de prensa en el Congreso, el líder de Podemos ha defendido que el referéndum es «la mejor propuesta» y «la más sensata» para solucionar el problema catalán, pero se ha mostrado «abierto a dialogar» y a hacerlo «sin vetos», así como a escuchar otros planteamientos.

Tras admitir que Podemos se ha «inspirado» en las propuestas que hizo en su día «el propio PSC», ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que «reflexione» y «entienda» que el diálogo es «lo mejor» frente al «inmovilismo» porque, a su juicio, «España no se merece aplicar lo que hasta ahora no ha funcionado».

Este referéndum en Catalunya aparece dentro del apartado que Podemos ha dedicado a la plurinacionalidad y el modelo territorial, en el que el partido morado plantea la necesidad de modificar el artículo 2 de la Constitución - en el que se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España - en aras del «reconocimiento de la realidad plurinacional y de comunidades políticas que conforman España».

MINISTERIO DE PLURINACIONALIDAD

De hecho, Podemos quiere crear un nuevo Ministerio de la Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo para solucionar «dos déficits democráticos históricos de calado» del ordenamiento territorial español, como son la búsqueda de «un nuevo encaje» para todas las «naciones, comunidades políticas y territorios, si así lo deciden», y la «compleja y difícil» situación de los ayuntamientos.

Este Ministerio, al frente al que pide situar al portavoz parlamentario de En Comú, Xavier Domènech, trabajaría por llevar a cabo una transformación normativa e institucional del modelo de organización territorial del Estado.

En concreto, apuesta por un nuevo sistema de competencias que garantice la ampliación de los poderes en un nuevo marco territorial y por «blindar» las competencias autonómicas para evitar las políticas de «recentralización».

El gobierno que aspira a conformar Iglesias también plantea la posibilidad de establecer acuerdos políticos, culturales y sociales entre las comunidades que así lo deseen --suprimiendo así la prohibición de federarse-- y de que puedan participar en la toma de decisiones de la UE y en los órganos de decisión del Estado en materia de política exterior y relaciones con Europa.

LENGUAS COOFICIALES EN TODO EL ESTADO

Podemos también demanda protección para para riqueza cultural y lingüística del Estado. Así, propone «determinar el carácter oficial y en igualdad de condiciones de las lenguas propias del Estado», esto es, determinar que castellano, catalán, gallego y euskera «sean cooficiales para el conjunto del Estado», fijar que «podrán ser utilizadas en todas las instituciones y actos de la administración central» y promocionar elementos simbólicos que faciliten el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado en documentos oficiales.

En el ámbito educativo también habrían de revisarse contenidos de historia y ciencias sociales «para integrar una visión plurinacional del proceso de construcción y ordenación del Estado con el objetivo de superar la visión homogeneizadora de la Historia de España».

Proponen que que los alumnos que lo deseen puedan aprender una lengua distinta del castellano en las comunidades que no disponen de lengua cooficial y que se preserven los modelos de normalizacíon lingüística existentes.

El fomento de la pluralinacionalidad debería, según Podemos, llegar también a los medios de comunicación, de manera que el plurilingüismo esté presente en los medios públicos estatales y se fomente también su presencia en los privados y la industria audiovisual.

REFORMA DEL SENADO

De la misma manera, plantea reformar el Senado por ser un elemento «disfuncional e inoperante» y cambiar el modeo de elección de los senadores para sean representantes de los gobiernos y parlamentos autonómicos.

Pero también aboga por que la Cámara Alta apruebe leyes del Estado que afectan a comunidades, impulse y dirija las relaciones intergubernamentales y la participación de las autonomías en las instituciones del Estado y la UE y participe en los Presupuestos Generales del Estado para fijar las partidas que se atribuyen a los distintos territorios de acuerdo con el sistema de financiación.

Además, Podemos quiere disolver las diputaciones provinciales, a excepción de las Diputaciones Forales por formar parte «del diseño institucional propio de los territorios vascos» y ser «órganos de elección directa», y propone traspasar sus competencias a las autonomías para que éstas decidan qué organismos territoriales «intermedios» deben desarrollar la coordinación institucional con los ayuntamientos.

Además de reformar la Ley Electoral para que la circunscripción deje de ser provincial y pase a ser autonómica, defienden «la adecuación del poder judicial a la realidad plurinacional». Así, quieren cambiar el método de elección de los miembros del CGPJ y el Tribunal Constitucional de manera que puedan tomar parte en él las autonomías que lo deseen y pide crear un Tribunal de Arbitraje Compencial.

NUEVO MODELO DE FINANCACIÓN

El partido morado, incluye también la reforma del modelo de financiación autonómica de manera que se garantice la suficiencia del ámbito competencial a través de la recaudación de los tributos cedidos a la comunidades y la participación en los del Estado. «El reparto ha de ser equitativo» y debe, según el documento, garantizar «una resdistribución de rentas entre territorios», pero manteniendo un criterio de equidad territorial.

Podemos reclama derogar la Ley de Medidas de modernización del Gobierno local aprobada por el PP --que el PSOE recurrió ante el Constitucional-- con el objetivo de que los consistorios puedan, por ejemplo, hacerse cargo de la atención a la víctimas de la violencia de género.

Además, solicitan abrir una mesa de diálogo con los municipios donde estén representandos no sólo los partidos, sino «el conjunto de realidades municipales para el proceso de reforma del marco legislativo y presupuestario que les afecta».

La revisión del plan de inversiones estatal, «para que no se encuentre sujeto a clientelismos ni favoritismos», es otra de la propuestas de Podemos, que defiende un modelo «policéntrico en red» que sustituya el tradicional modelo centralizado radial y que las inversiones se repartan de forma solidaria en función de las necesidades de cada territorio.

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