El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado este miércoles ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, que estudia el caso por el borrado y destrucción de los discos duros de sus ordenadores en 2013, que entre la información contenida en los mismos había recibís de pagos tanto regulares como irregulares a diferentes dirigentes de la formación, cuyos nombres no ha citado, así como más información de la hasta ahora conocida sobre pagos en excell y 'pantallazos' de correos electrónicos con integrantes del partido.
Así lo ha señalado el abogado de IU/ALA, acusación popular en la causa, al término de la declaración como testigos ante la juez Rosa María Freire de Bárcenas, de su secretaria entonces Estrella Domínguez y del que fuera jefe de seguridad del partido Antonio de la Fuente, cuñado del extesorero.
En esta causa se investiga al PP como persona jurídica, a su gerente, Carmen Navarro, y al responsable de Informática, Javier Barrero, quienes comparecerán mañana ante la juez, por presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos.
El abogado del PP Alberto Durán también había sido citado en esta condición, pero su declaración ha sido interrumpida después de que las acusaciones, tras escuchar al extesorero, solicitaran que se cambiase por la de investigado -figura que sustituye a la anterior de imputado-.
A lo largo de su declaración, Bárcenas ha señalado que los dos ordenadores que fueron manipulados por el PP contenían información importante para su defensa y también datos de su dinero en Suiza.
Según ha explicado el abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, al término de las comparecencias, en los discos duros destruidos el extesorero guardaba recibís que afectaban «a determinados sujetos del PP» y una carpeta sobre los pagos a Libertad Digital que afectaban a la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP. Ha añadido que su cliente también guardaba allí «documentos que afectaban a la campaña electoral».
Responsabilidad
Sobre la responsabilidad de lo sucedido, ha apuntado a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, según las mismas fuentes, como autora de la orden de intervención en su despacho que habrían ejecutado la gerente Carmen Navarro -investigada en la causa- y el propio Durán. Bárcenas habría exculpado a Rajoy si bien ha reconocido, a preguntas de las acusaciones, que el PP es un partido muy jerárquico y que más arriba de la Secretaría General se encuentra la Presidencia del partido.
Maroto ha insistido en esta idea en declaraciones a la prensa: «La responsabilidad puede recaer sobre la gerencia, el departamento de informática y todos ellos unidos a través del orden jerárquico establecido por la secretaria general del partido».
Resto de testigos
Por lo que se refiere a Alberto Durán, su declaración como testigo no ha llegado a celebrarse porque las acusaciones han solicitado que se cambie su situación a la de investigado -figura que sustituye a la anterior de imputado-, al considerar que las declaraciones realizadas por Bárcenas le incriminan. Así, la juez Freire ha suspendido su comparecencia en espera de adoptar una decisión al respecto.
La segunda en declarar ha sido la que fuera secretaria del extesorero y aún empleada del PP Estrella Domínguez, quien según fuentes presentes en la declaración se ha limitado a señalar que no se acordaba de nada, ni siquiera de que su jefe por entonces dispusiera de ordenadores. Su actitud ante las preguntas ha sido tal que ha merecido una reprobación por parte de la magistrada.
Especialmente esclarecedora, según las acusaciones, ha sido el testimonio del que fuera jefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, quien según las acusaciones populares se ha mostrado colaborador con la investigación y ha ratificado que el PP carecía de protocolo de actuación informática en casos de salida de un trabajador concreto. Ello contradice lo defendido por el PP, que ha aportado incluso un documento a la causa sobre la existencia de este protocolo.
Otro punto interesante de la declaración de De la Fuente, según las acusaciones, ha sido la relativa a un intento inicial de entrada en el despacho que ocupaba Bárcenas en Génova que ocurrió meses antes del de 3 de julio investigado en esta causa.
El responsable de seguridad señala que tras conocer que se intentaba forzar el despacho del extesorero él lo impidió, y que la persona con mayor rango de las que se encontraban en el lugar en ese momento era Mariví, la secretaria personal de María Dolores de Cospedal. Ha añadido que él únicamente recibía órdenes de la gerente, la secretaria general y del expresidente.
En la causa está personada la Fiscalía y el propio Bárcenas como acusación particular además de las representaciones letradas de IU y la Asociación Libre de Abogados (ALA), que fueron quienes interpusieron la querella inicial; y del Observatorio de Drets Humans (DESC), organización que se sumó más tarde.
En el auto que dictó el pasado 20 de enero la juez Freire admitió las querellas formuladas por estas organizaciones y, por primera vez en nuestro país, estrenó la figura de la imputación penal de las personas jurídicas para dirigir la acusación contra el PP, que se tiene por «querellado» en el auto de admisión a trámite del caso.
El PP investigado
La consideración del PP como investigado en este asunto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013.
El pasado 15 de enero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que la decisión de sobreseer la causa del «borrado» de los discos duros en los ordenadores de Bárcenas adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de dicho material. El PP alegó que los discos duros habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su «alto nivel de criticidad».
El juzgado 32 asumió la investigación cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consideró que el caso no era de su competencia tras advertir que «la manipulación» de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.
IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.
La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible.