El fiscal ha pedido medidas cautelares para el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, los exvicepresidentes de la corporación provincial Juan José Medina y Máximo Caturla y el exalcalde de Genovés Emilio Llopis, detenidos en la investigación del caso Imelsa.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa, dictó en la noche de este jueves los autos que responden a la petición del fiscal sobre la situación personal en la que quedarán estos cuatro detenidos.
Según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez ha acordado libertad provisional para un técnico de la Diputación de Valencia (Salvador Deusa) y para cinco empresarios.
Entre estos empresarios se encuentran el dueño de la agencia de comunicación Engloba, José Adolfo Vedri, y Javier Luján, presidente de Construcciones Luján y expresidente de la patronal FECOVAL.
Fianzas
El juez ha fijado fianzas de responsabilidad civil que oscilan entre los 200.000 y un millón de euros para el citado técnico de la Diputación y para cuatro de los empresarios que fueron detenidos, mientras que el quinto empresario queda en libertad provisional y sin fianza de responsabilidad civil.
En concreto, se establecen fianzas de responsabilidad civil de 200.000 euros para Deusa y un empresario, de 500.000 euros para otros dos empresarios y de un millón de euros para un cuarto empresario.
El TSJCV recuerda que las fianzas impuestas no son para eludir la prisión sino para garantizar el pago de responsabilidad civil en caso de condena.
Los interrogatorios a los 24 detenidos han concluido y ahora se está a la espera de que conocer en qué situación quedan Rus y Caturla, Medina y Llopis, tres de sus máximos colaboradores, después de que los otros veinte arrestados hayan quedado en libertad provisional aunque continúan investigados (imputados).
Los delitos por los que está abierta la causa son contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.