El juez titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordado este jueves mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza dictada el pasado domingo por el juez de guardia contra Alberto Portuondo, responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato. Le imputa los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares, según han informado fuentes jurídicas.
El mantenimiento de la medida de prisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se justifica según las mismas fuentes en el riesgo de fuga del empresario y en el peligro de que pueda manipular pruebas. La causa se dirigía hasta el momento contra Rato y su socio Domingo Plazas y este jueves se ha formalizado la imputación de Portuondo.
Según la investigación, iniciada la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) , Albisa habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad de Rato, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.
Dos horas declarando
El empresario fue trasladado desde prisión a los juzgados de Plaza de Castilla poco después de las nueve de la mañana aunque no entró a declarar ante Serrano-Artal hasta poco antes de las doce del mediodía. Ha declarado durante algo más de dos horas ante el magistrado y la fiscal del caso, Elena Lorente, y según las mismas fuentes, ha respondido a todas las preguntas y ha colaborado con la investigación.
Tras este trámite Portuondo y su abogado, Javier Espiga, han estado revisando la declaración durante una hora más, y a las puertas de los Juzgados el letrado se ha limitado a señalar que todo lo publicado estos días sobre su cliente «no es verdad» y no existen pruebas que lo sostengan. La investigación sigue bajo el secreto de sumario.
Fuentes jurídicas han explicado que el juez Serrano-Artal, que se ha inhibido de la causa en favor de la Audiencia Nacional, no puede investigar el delito de blanqueo en el extranjero porque carece de competencias para ello. No obstante, y hasta que el juez del caso Bankia Fernando Andreu decida si lo asume, debe seguir practicando las diligencias que le sean requeridas, puesto que la causa no puede quedar paralizada.
El juez de guardia acordó la medida cautelar este domingo contra Portuondo a petición de a Fiscalía de Madrid, en funciones de guardia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y también le retiró el pasaporte para el empresario. La medida se acordó dos días después de que una copia de la causa abierta al exvicepresidente del PP haya llegado ya a la Audiencia Nacional, concretamente al Juzgado de Fernando Andreu, que ya le investiga por los casos «Bankia» y «tarjetas black» y que ahora deberá decidir si lo asume.
El juez Andreu, actualmente de vacaciones, puede devolver el caso a reparto si no aprecia dicha conexión o bien asumirlo. Si vuelve a reparto será asignado de forma aleatoria a alguno de los seis juzgados centrales de instrucción, incluido el suyo.
Investigación a Rato
Anticorrupción le había pedido que la causa contra Rato y su asesor fiscal Domingo Plazas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales sea llevada por la audiencia al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero, concretamente blanqueo de capitales relacionados con la inversión en un hotel de Berlín.
En su escrito, Anticorrupción señalaba que, como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado -un día antes de ser citado Rato a declarar, si bien se negó a hacerlo-, han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.
Considera la Fiscalía, y el juez Serrano-Artal ha aceptado, que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad KRADONARA, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato. Añade que los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.