El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz presentará este jueves en la Nunciatura Apostólica en Madrid una petición dirigida al Papa Francisco en la que solicita la retirada de los símbolos franquistas del territorio perteneciente a la Iglesia católica y la salida de los restos de Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, de la Basílica del Valle de los Caídos.
En el escrito Ranz reclama también al Pontífice que dicte un decreto para que la tumba del general Gonzalo Queipo de Llano no permanezca en el interior de la Iglesia de la Macarena de Sevilla por vulnerar el Derecho Canónino, que solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.
El abogado, que advierte de que la «permisividad» de los arzobispos de Madrid y Sevilla está violando «manifiestamente» estos cánones, solicita una audiencia privada con el Papa y requiere que acuerde la retirada «inmediata» de las placas que «exaltan» la Guerra Civil y la dictadura franquista del territorio perteneciente a la Iglesia Católica.
En concreto, denuncia que en el mapa eclesiástico español se observa simbología del franquismo en un total de 24 arzobispados u obispados, entre la que se encuentran escudos de la Falange, placas conmemorativas de Primo de Rivera, escudos anticonstitucionales, emblemas del yugo y las flechas e incluso una pintura «idéntica» al general Francisco Franco colocada en el retablo del altar mayor de la Iglesia de la Santa Cruz de Valencia.
Ranz también solicitará el próximo jueves la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista a los Parlamentos autonómicos, salvo el vasco que ya lo ha aprobado, para que los consistorios afectados procedan a «eliminarlos». Insta a formar comisiones de expertos dirigidas a adoptar las medidas que sean oportunas para «reparar el daño causado, presente y futuro».
En el escrito, que dirigirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, desgrana una veintena de símbolos que se pueden ver en la capital, en localidades como Arganda del Rey, Aranjuez o Brunete, en edificios de Defensa o colegios públicos y la más de 180 vías franquistas del callejero madrileño.
El letrado se apoya en el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la «exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».