La excandidata de IU para la Comunidad de Madrid Tania Sánchez ha confesado su «absoluta tranquilidad» por su imputación por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias que, según ha dicho, responde al «interés político» del PP de «desacreditarla» y, además, «carece de cualquier fundamento».
En un comunicado de prensa remitido esta noche la excandidata autonómica declara públicamente su «absoluta tranquilidad ante el desarrollo ordinario del proceso judicial esperable y previsible en las diligencias previas de este tipo de procedimientos».
«Dicha declaración me permitirá reiterar las explicaciones y solicitar el archivo de la causa», asegura Sánchez en su nota en la que además señala que la querella que ha dado origen a su imputación «responde a un interés político del Partido Popular» de desacreditarla «y carece de cualquier fundamento».
La querella a la que alude la excandidata regional y que ahora tramita el juzgado de Arganda del Rey, la presentó el PP el pasado 19 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en ella se denunciaba a la entonces candidata de IU; su padre y su hermano, y el actual alcalde de Rivas, entre otros.
Ahora el juzgado de Rivas Vaciamadrid les acusa de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en varios contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas, una imputación que, según ha dicho Sánchez esta noche en la Cadena Ser, ella conocía hace «dos meses» y por tanto no es ninguna «novedad».
Tania Sánchez ha asegurado que la única «novedad» es que ya se conoce la fecha en que tendrá que declarar ante el juez, el 23 de junio próximo.
Junto a Sánchez ha sido citada a declarar en este mismo caso su hermano, Héctor Sánchez -adjudicatario a través de una cooperativa de varios de los contratos cuestionados- y su padre Raúl Sánchez -que también era concejal-.
Un día antes deberán acudir al juzgado el actual alcalde en funciones, Pedro del Cura; y Yolanda Pérez Díaz y María Abril Barceló, que formaban parte de la cooperativa en la que era socio Héctor Sánchez.
Estos contratos contaron, según el PP, con la aprobación, entre otros, de Sánchez, que fue concejala del Área de Servicios a la ciudadanía de Rivas y formó parte del Gobierno local entre 2007 y 2011.