La soprano Montserrat Caballé no ha comparecido hoy en el juicio en que debía ratificar su acuerdo con la Fiscalía, por el que aceptó medio año de cárcel por defraudar medio millón de euros, sin dar explicaciones sobre los motivos de su ausencia y después de que su abogado haya renunciado a defenderla.
Según han informado fuentes judiciales, Caballé estaba hoy citada ante el juez de lo penal número 13 de Barcelona para confirmar el acuerdo de conformidad que pactó con la Fiscalía tras devolver a la Agencia Tributaria el medio millón de euros que defraudó en el ejercicio de IRPF de 2010 simulando tener residencia andorrana.
La de hoy era la segunda ocasión en que se convocaba a la diva a juicio, ya que hace unos meses se señaló una vista que también acabó suspendida después de que Caballé certificara por escrito motivos médicos que le impedían desplazarse al juzgado para confirmar el pacto.
De acuerdo con lo que estaba previsto, el juicio de hoy contra Caballé apenas habría durado unos minutos, para que la diva ratificara formalmente ante el juez el pacto con la Fiscalía y aceptara el fraude fiscal que se le imputa, lo que habría dado pie a una sentencia firme que obligara a la soprano a pagar los 72.202,46 euros en intereses que adeuda a Hacienda y una multa de 254.231.
Hace unos días, el letrado de Caballé, Santiago Ayesta, remitió un escrito al juzgado en el que comunicaba que había renunciado a la defensa de la soprano, por pérdida de confianza sobre su estrategia jurídica.
El letrado ha acudido hoy a la vista oral y ha ratificado su renuncia, tras añadir que desconoce por completo los motivos por los que Caballé no ha comparecido ante el juez.
Tras una breve vista en que se ha pronunciado la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que representa a la Agencia Tributaria-, el magistrado ha acordado suspender el juicio y enviar un requerimiento a la soprano para que aclare los motivos de su incomparecencia y designe un nuevo abogado.
Según fuentes judiciales, está previsto que, una vez la soprano designe a un letrado, se señale de nuevo el juicio para la ratificación del pacto de conformidad, pero si la diva se negara a confirmar el acuerdo firmado con la Fiscalía se abriría un período de incertidumbre, dado que la ley no especifica cómo proceder ante ese tipo de situaciones.
Una de las posibilidades, si Caballé no confirma el pacto, es que la causa por fraude fiscal regrese a fase de instrucción, por lo que la Fiscalía tendría que calificar de nuevo los hechos sin aplicar las atenuantes que han permitido rebajar sustancialmente la pena a la soprano por haber devuelto la suma defraudada y aceptar su responsabilidad.
La causa abierta a Caballé, de 81 años, es fruto de una querella que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó en abril del pasado año por fraude fiscal contra la diva, a la que acusaba de no haber presentado ante Hacienda la declaración de IRPF de 2010, alegando falsamente que era residente en Andorra, con lo que eludió tributar por los ingresos obtenidos en sus recitales y grabaciones.
En concreto, la diva actuó en 2010 en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia y Ucrania, así como en grabaciones musicales en Moscú, Ginebra y Barcelona, por los que ingresó poco más de dos millones de euros.
De estos dos millones de euros que ingresó en 2010 por estas actuaciones, 1,5 millones debían haber integrado la base imponible del IRPF, una vez deducidos los gastos, ya que 439.612 euros se encontraban exentos de gravamen en España.
Sin embargo, Caballé, que estaba obligada a presentar la declaración de renta ante la Agencia Tributaria al ser residente en España, figuró formalmente como residente en Andorra «con el deseo de no tributar en la Hacienda Pública española y no ingresar en este organismo público el dinero que le correspondía por este impuesto», según recoge el fiscal en su escrito de conformidad.
En su acuerdo con la Fiscalía, la artista aceptó una pena de seis meses de prisión y multa de 254.231 euros, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante año y medio.
Las tres partes también solicitaron de común acuerdo que, cuando se dicte sentencia y ésta sea firme, la justicia suspenda por dos años la ejecución de la pena de prisión, lo que implicará que la diva se libre de ingresar en la cárcel, como la mayoría de condenados a menos de dos años que carecen de antecedentes.
El acuerdo entre las partes se alcanzó cuando la Agencia Tributaria aceptó, como exigía la soprano, rebajar la multa al 50 % de la cantidad evadida, en vez del 65 % que se impone habitualmente a los defraudadores que deciden poner en regla su situación para beneficiarse de una rebaja de condena.