La acusación que ejerce IU en el caso Bárcenas pide 15 años y 7 meses de cárcel para el ex secretario general del PP Ángel Acebes, y para los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta 19 y 21 años, respectivamente, como responsables de la caja B del PP, acusados, entre otros delitos, de organización criminal.
Esta acusación mantiene que el PP desde 1990, y al menos hasta 2008, «creó una organización criminal en su seno con el fin de poner en marcha un sistema de financiación ajeno al circuito económico legal o caja B» que se nutría de dinero aportado irregularmente por «personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».
Con este argumento, IU dirige su acusación contra un total de 26 personas, entre ellos a los que considera responsables de esa caja B y empresarios que hicieron donativos al PP que quedaron reflejados en los papeles de Bárcenas, tales como Juan Miguel Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr) y Alfonso García Pozuelo (Hispánica) y José Mayor Oreja (FCC), para los que pide 7 años de cárcel.
Además solicita que en el juicio por estos hechos comparezcan como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y sus predecesores en ese cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, y el exministro y expresidente balear Jaume Matas, entre otros.
Según IU, la investigación «pone de manifiesto que la actuación de los sucesivos secretarios generales no se circunscribe a cuestiones políticas e institucionales» sino que además «conocían y participaban en la trama criminal organizada, sin que su sola negativa ante el juzgado desvirtúe lo anterior» (Cospedal, Arenas y Álvarez Casos declararon como testigos en agosto de 2013).
Dentro de esa considerada «organización criminal», IU apunta como principales responsables a Acebes, Bárcenas y Lapuerta, a los que acusa de los delitos de tráfico de influencias, y de falsedad contable, en fondos electorales y documento mercantil, delito fiscal y a los extesoreros también de apropiación indebida.
También cree responsable en esa «trama» al exgerente del partido Cristóbal Páez, para quien pide 13 años de prisión.
Respecto de Acebes, al que le atribuye también la percepción de sobresueldos procedentes de la caja B (107.100 euros en total), asegura que tuvo «participación directa» en la recaudación del dinero opaco y en la aprobación de los pagos que se hacían con esos fondos, entre ellos los 888.000 euros con que, según las anotaciones de Bárcenas, se pagaron parte de las obras de la sede de Génova.
Para IU ha quedado acreditada la veracidad de ese apunte y de «al menos» 61 de los que figuran en papeles de Bárcenas.
La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes su escrito de acusación en relación con esta causa, pidiendo 5 años de cárcel para Bárcenas y Lapuerta como responsables de los pagos en negro de la reforma de su sede, hechos por los que consideró responsable civil subsidiario al PP.
Sin embargo, el fiscal consideró «indebidamente justificado» acusar al PP de un delito tributario por no haber declarado en 2008 las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas.
IU, por contra, discrepa de esta tesis y sostiene que el PP dejó de ingresar a Hacienda por los donativos 220.167 euros en 2008, cantidad que excede el límite de 120.000 euros para ser considerado delito fiscal.
Además, en concepto de responsabilidad civil, pide el pago de 6,6 millones de euros a Bárcenas, Lapuerta y Páez, misma cantidad que reclama al PP como responsable civil subsidiario y que se corresponde con la suma total de las cantidades donadas por los empresarios que aparecen en los papeles.
Según IU, la caja B se destinaba a abonar «retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido» como el exgerente Cristóbal Páez, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre (cuyos nombres aparecían en los papeles de Bárcenas como perceptores de sobresueldos) .
También se destinaba a gastos de campañas electorales: las de Galicia, Andalucía y Cantabria, en este último caso a la campaña de Bárcenas como candidato al Senado, y también a las elecciones europeas.
Con ese dinero opaco se pagaron, además de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova, la compra y reforma de la de Vizcaya y la adquisición de la de La Rioja, según el escrito.
Añade IU que el PP,"a través de la organización criminal constituida en su seno al efecto, puso en marcha una operativa con el fin de apoyar a Libertad Digital» y con ese dinero opaco compró también acciones de su salida a bolsa en 2004.